Como parlamentario nacional jubilado e historiador, rechazo categóricamente la reciente decisión de la Asamblea Nacional de desincorporar por segunda vez a los diputados indígenas Guzamana, Igarza y Guarulla, pues la legitimidad de los diputados de Amazonas es innegociable y considero que los delegados de la MUD ante la mesa de diálogo coordinada por el Vaticano han cometido un error estratégico e inexcusable al acordar desincorporarlos y convocar a nuevas elecciones como lo han señalado los voceros de los oposición.
Este es un hecho insólito, reprochable e inaceptable, por cuanto los parlamentarios fueron electos el pasado 6 de diciembre de 2015 de manera soberana y transparente por el pueblo de Amazonas y el fraude procesal, constitucional y electoral lo cometió el gobierno a través de una simulación de hecho punible, fabricando una grabación anónima referente a una sola mesa en el centro electoral del limón de Parhueña en el municipio Atures y que luego extendieron el falso vicio a todo el estado, sin que el fraudulento hecho denunciado tuviera ninguna incidencia matemáticas en los resultados electorales.
El gobierno continúa en una ofensiva contra el poder legislativo, pues acordaron recientemente a través del TSJ, suspender las facultades del parlamento para aprobar sanciones contra el presidente de la República, bien sea estableciendo su responsabilidad política o declarando el abandono del cargo. Frente a este hecho, los diputados democráticos de la Asamblea Nacional, en vez de reaccionar enérgicamente y rechazar esa sentencia, acuerdan desincorporar a los parlamentarios de Amazonas, traicionando la soberanía popular en ese estado, con lo cual se pierde la mayoría calificada de las dos terceras partes, traicionando a su vez la soberanía popular nacional, porque esos tres parlamentarios demócratas hacen la mayoría que se requiere para designar a los rectores del CNE; ahora el gobierno le va a dar largas a esta situación y al no resolverse lo de los dos nuevos rectores, puede solicitarle a la Sala Constitucional del TSJ que por “omisión legislativa” ellos lo designen.
Consideramos inaudito que los delegados de la MUD en la mesa de diálogo en lugar de haber exigido respeto a la soberanía popular indígena, hayan aceptado que el irrito desacato ordenado por el TSJ lo cometió la Asamblea Nacional y ante la opinión pública venezolana e internacional pareciera que el fraude fue cometido por los diputados de Amazonas, lo cual es al contrario pues investigué y denuncié el fraude electoral fabricado por Jorge Rodríguez y el Psuv en contra del pueblo de Amazonas.
He revisado detalladamente la grabación anónima con la cual pretenden desconocer los derechos de los diputados de los pueblos indígenas de Amazonas y Apure, la cual fue obtenida de manera fraudulenta, violando la garantía constitucional de la privacidad de las comunicaciones y el anonimato de las mismas , su contenido se refiere a una solo centro electoral de un universo de más de 240 mesas, lo cual no incide matemáticamente en el resultado electoral general; pues votaron más de 70 mil electores y el diputado Romel Guzamana duplicó al candidato del Psuv.
Se debe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator de pueblos indígenas exhortaron al Estado venezolano y al gobierno a respetar la representación indígena, pues habían transcurrido muchos meses desincorporados desde su elección.
Debemos destacar que los diputados de Amazonas son víctimas de una discriminación étnica y racial prohibido por el Art. 9 de la Carta Democrática Interamericana y víctimas de fraude, prevaricato constitucional, dolo, abuso de poder y extralimitación de funciones por parte de la Sala Electoral, la cual también está violando la Convención de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 63 , 64 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que establece como un derecho calificado la representación indígena en el país.
Ante estas graves irregularidades, junto con los diputados de la Asamblea Nacional José Luis Pirela y Rafael Veloz, solicitamos el pasado 8 de junio ante la Fiscalía General de la República una investigación penal contra los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, así como la remoción de sus cargos, a consecuencia de lo que consideramos “graves y inexcusables errores judiciales, denegación de justicia, fraude y prevaricato constitucional” conforme a lo establecido en los artículos 265 de la Constitución de la República y el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, además de haber cometido violación de tratados internacionales de acuerdo al artículo 153, numeral 3, del Código Penal, en perjuicio de los diputados electos del estado Amazonas Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana de la Mesa de la Unidad Democrática, así como Miguel Tadeo Monagas del PSUV.
Con estas decisiones por parte de los magistrados del TSJ estamos en presencia de una justicia perversa que recuerda la época de Hitler, cuando se imponía la justicia del horror. Este hecho es insólito, bochornoso, pues magistrados del TSJ partiendo de una prueba falsa, sin ninguna vinculación real ni responsabilidad penal de los diputados electos y proclamados de Amazonas, mediante una maniobra judicial que constituye un prevaricato constitucional, suspenden el ejercicio de sus cargos a los legítimos Diputados de Amazonas, violando su inmunidad parlamentaria garantizada en el artículo 200 de la Carta Magna y otras normas Constitucionales y tratados internacionales.
Es fundamental preservar la unidad democrática, revisar y corregir la actuación de sus negociadores, reestructurar la MUD para que asuma los verdaderos problemas que afectan al país y exijan el referéndum revocatorio, las elecciones regionales de gobernadores y diputados, la libertad de los presos políticos, la defensa de los diputados de Amazonas y la solución a la crisis humanitaria de falta de alimentos y medicinas que son los problemas más sentidos del pueblo venezolano.
Walter Márquez es historiador