El pasado viernes 25 de noviembre el CICPC tuvo un hallazgo espeluznante: dos fosas comunes en dos sectores distintos de la zona barloventeña. En el municipio Brion, sector La Maturetera, consiguieron una con dos cadáveres; mientras que en el municipio Acevedo, sector Aragüita, otra con diez.
El pasado 7 de octubre, exactamente 49 días antes de haber dado con esas dos fosas, había comenzado en Barlovento el despliegue de una de las tan mentadas “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), uno más de los ya casi 30 planes de seguridad que los venezolanos hemos visto fracasar en los últimos 17 años. Durante ese operativo un total de 1.300 efectivos de la Fuerza Armada Nacional y otros cuerpos policiales tomaron distintos pueblos y caseríos de Miranda con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana.
Una semana después, en el marco de la mencionada OLP, llegó al sector La Peica de Aragüita una comisión del ejército, y, luego de acordonar la zona y de revisar con rigor casa por casa, se llevaron detenidos a 20 jóvenes, casi todos ellos campesinos, trasladándolos al Destacamento Camacaro 323 ubicado en la parroquia El Café, también en el municipio Acevedo. Los familiares de los jóvenes detenidos se movilizaron hasta el destacamento, sin embargo, luego de tres días sin recibir noticia del paradero de sus seres queridos, fueron notificados que se encontraban en el Fuerte Chaguaramal, en Cúpira, municipio Pedro Gual. Hasta allá fueron las familias buscando a los suyos, pero al llegar la respuesta de los funcionarios militares fue la misma, los muchachos nunca habían llegado allí.
Luego que los familiares denunciaran formalmente la desaparición de los 20 jóvenes ante la sede del Ministerio Público, el 21 de octubre, dos semanas después de haber comenzado la OLP en Barlovento, aparecieron 8 de los desaparecidos, todos ellos con signos evidentes de haber recibido torturas y tratos crueles. Al ser interrogados por sus familiares las victimas dijeron que los efectivos militares los habían golpeado salvajemente y obligado a firmar un documento reconociendo que habían recibido un trato digno y respetuoso de los derechos humanos.
El caso de los 12 jóvenes desaparecidos y de los otros 8 torturados prendió las alarmas de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quienes le exigieron respuestas a las autoridades venezolanas. Ante esas presiones el Ministerio Público comunicó que los 20 jóvenes no tenían antecedentes penales ni relación alguna con bandas criminales.
El pasado sábado 26 de noviembre el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol informó que los 12 jóvenes aun desaparecidos habían sido asesinados por efectivos militares, quienes, según él, se encontraban ya a las órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados por sus crímenes. Entre los efectivos destacan un teniente coronel y varios sargentos.
El accionar delictivo de un grupo de efectivos militares, todos ellos convictos y confesos, quienes confabulados se dieron a la tarea de desaparecer, torturar, asesinar y sepultar en fosas comunes a jóvenes inocentes, no ha despertado en Néstor Reverol algo distinto a una mera condena mediática. De su boca no ha salido esta vez una sola palabra altisonante, ni tampoco una acusación contra la Fuerza Armada como organización, y ni siquiera una sugerencia de investigación para determinar si dentro de la institución castrense funcionan otras células de la misma naturaleza criminal. Todo lo que hemos escuchado del ministro Reverol esta vez es un lamento cínico en una rueda de prensa, nada más.
¿Por qué digo cínico? Por el doble rasero moral con el que se maneja el ministro.
Reverol hace unos días firmó la extensión de la intervención que desde hace varios meses pesa sobre PoliChacao. Una intervención política y arbitraria que fue justificada por el gobierno nacional con un hecho delictivo donde estuvo incurso un funcionario de la policía municipal y que dejó como saldo el lamentable fallecimiento de una persona.
Sin importar que ese fuera un hecho aislado y totalmente ajeno a la institución policial, el gobierno nacional se lanzó irresponsablemente a acusar a toda PoliChacao sin distingo alguno, sugiriendo incluso que bandas criminales operaban allí, e interviniéndola con la excusa de revisar sus procesos y procedimientos sin siquiera importarle en lo más mínimo el impacto negativo que eso tendría sobre la seguridad de todos los chacaoenses.
Las víctimas reclaman justicia y todos reclamamos respeto. Y ambas cosas, tanto justicia como respeto, no llegaran de la mano de quienes se toman como un juego politiquero la seguridad y la vida de todos los venezolanos, ni tampoco de quienes se hacen de la vista gorda para, bien sea por miedo o por simple conveniencia, no denunciar los atropellos que desde las altas esferas del poder se cometen.
@AlfredoJimenoR
Concejal de Chacao