La Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (Lamia), dueña del avión siniestrado el lunes en Colombia en el que murieron 71 personas, nunca obtuvo permiso para operar en Venezuela, donde nació la compañía, aseguró hoy a Efe el diputado opositor por el estado Trujillo (noroeste) Joaquín Aguilar.
EFE
El parlamentario explicó que dos aviones de Lamia permanecieron en tierra venezolana cerca de un año en el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, en la ciudad trujillana de Carvajal, luego de que el gobierno regional decidiera “de manera informal” el inicio de operaciones con una ruta Valera-Caracas, que nunca se concretó.
El opositor dijo que el año pasado pidieron al gobernador de la entidad, el oficialista Henry Rangel Silva, explicaciones sobre esta aerolínea que “no estaba registrada” en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), pero que nunca recibieron respuestas.
Aguilar aseveró que, de acuerdo a sus investigaciones, los aviones fueron sacados en el segundo semestre de 2015 de la pista trujillana y que uno de ellos fue el que trasladaba al club de fútbol brasileño Chapecoense cuando se estrelló en el noreste de Colombia pues, afirmó, son las mismas siglas.
También dijo que los gobernadores oficialistas Francisco Rangel Gómez (Bolívar) y Carlos Mata Figueroa (Nueva Esparta) y el exgobernador de Mérida Marcos Díaz Orellana están “ligados” a esta compañía que fue lanzada en Mérida y relanzada años más tarde en la isla de Margarita.
El 2 de noviembre de 2013, Mata Figueroa encabezó un acto de lanzamiento de Lamia, entonces llamada Línea Aérea Margarita Internacional de Aviación, junto al presidente de la compañía, el venezolano Ricardo Albacete, y destacó los atributos de sus unidades.
“Es un avión muy silencioso, de buena velocidad, nos lleva directamente a la pista sin que el piloto haga nada, es un avión muy seguro, estamos recibiendo lo mejor”, dijo entonces el oficialista.
Por su parte, Albacete explicó que la empresa contaba con cuatro aeronaves “disponibles y dispuestas a empezar a volar de inmediato” pero admitió que Lamia se encontraba en el proceso de certificación, “de cumplimiento con las normas jurídicas y legales que rigen la materia”.
Antes, en el año 2010, el empresario había publicado en la prensa merideña una carta en la que criticaba los “escrutinios exhaustivos, abusivos y dilatorios” a los que, aseguró, estaba siendo sometida su compañía por las instituciones del país caribeño “con ánimo de sabotear” su arranque de operaciones, y persiguiendo su “agotamiento financiero, físico y emocional”.
El director de Lamia, Gustavo Vargas, dijo el martes en La Paz que aunque la empresa nació en Venezuela, “ahora es toda boliviana”.
La firma operaba con un solo avión, el Avro Regional Jet 85, que según aseguró Vargas, “había pasado todos los controles” y contaba “con el visto bueno” de las autoridades bolivianas.
Albacete indicó el miércoles al diario español La Voz de Galicia que él es el dueño del avión, aunque no de la aerolínea, y que lo que hizo fue “alquilar los aviones”.
“Parece ser que pudo ser una tormenta eléctrica que afectó a los sistemas del aparato. El piloto hizo una acción heroica, soltó el combustible y salvó vidas. Era un avión muy bueno, pero no le dio tiempo a levantarlo. Se sacrificó, porque evitó la explosión y decidió quedarse sin combustible”, afirmó Albacete.
El empresario -que representaba en España al magnate chino Sam Pa, detenido en su país por presunta corrupción- se desligó de la aerolínea boliviana y remarcó que no es accionista ni empleado de Lamia Bolivia. EFE