Deborah Van Berkel, presidenta de la Asociación Civil SINERGIA- red de organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana- alertó la restricción al desempeño de las organizaciones civiles por parte del Gobierno y alertó que la crisis que vive el país ha llevado al deterioro de las libertades básicas que sustentan el espacio cívico.
“Según el monitoreo de la Alianza Global para la Participación Ciudadana -CIVICUS-, nuestro país se encuentra actualmente en “estado naranja”, es decir, de libertades reprimidas”, aseveró.
Van Berkel detalló que Sinergia es una de las organizaciones que ha aportado información para ese monitoreo y agregó que en el más reciente informe del observatorio de las garantías del ejercicio de los derechos de participación y asociación, publicado en noviembre de este año, se señalan las restricciones que están confrontando las organizaciones autónomas de las sociedad civil en materia de acceso al financiamiento, establecimiento de alianzas con órganos del Estado central, reconocimiento por parte de esos entes, acceso a información pública, derecho a la libre asociación y a la libre expresión.
El monitoreo de la Alianza Global para la Participación Ciudadana –CIVICUS- reseña que desde el año 2014, el país ha sido testigo de un creciente conflicto social y movilización anti-gubernamental relacionados con algunos de los principales problemas del país como lo son la delincuencia y la inseguridad, la inflación, la escasez de bienes de consumo, la intolerancia política y el deterioro de las libertades civiles.
“Si bien la abrumadora mayoría de las protestas son pacíficas, algunas se enfrentan con el uso excesivo de la fuerza y restricciones legales al derecho a protestar, con la situación empeorando a mediados de 2016. El 13 de mayo de 2016, el presidente decretó un estado de excepción y emergencia económica, y las protestas posteriores provocadas por la escasez de alimentos resultaron en el uso de gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes”, cita la reseña del monitoreo.
Aunado a esto, la presidenta de Sinergia alertó que la sociedad civil venezolana está operando en un contexto de creciente polarización política, crisis económica y divisiones a lo que se le suma el cuestionamiento público que ciertos representantes del alto Gobierno hacen de la labor de estas instituciones, hasta el punto de criminalizar sus actividades y señalar a sus líderes como agentes de potencias extranjeras, afectando el desenvolvimiento normal de estas organizaciones.
Según la reseña del monitoreo, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los DDHH se sienten cada vez más amenazados porque recibir donaciones extranjeras o nacionales sigue siendo muy difícil y el Gobierno intenta deteriorar su legitimidad denunciándolos como traidores que intentan socavar la democracia venezolana.