La Asociación Civil Control Ciudadano, presentó a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Defensa, un informe detallado de las leyes pendientes por discutirse en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (aquí el informe).
Nota de prensa
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización consignó una relación detallada de las leyes pendientes y de los actos legislativos que deberían aprobarse en 2017, para honrar la deuda del parlamento con los Derechos Humanos.
En materia de derecho penal, Control Ciudadano propone una Ley especial sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Sobre estos temas
Venezuela está en mora, de acuerdo a las obligaciones internacionales que suscribió, al aprobar los Cuatro Convenios de Ginebra en 1.956, la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio en 1.960 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2.000.
También propone una Ley contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de acuerdo a las obligaciones contraídas al suscribir el pacto internacional sobre la materia.
En material de Derecho Internacional de los Derechos Humanos: son cuatro las leyes que la organización pide sean discutidas en la Asamblea Nacional durante el 2017: 1) La Ley Orgánica de ejecución y cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de protección de los derechos humanos. 2) La Ley contra la desaparición forzada de personas. 3) La Ley Orgánica de manifestaciones, reuniones públicas y procedimientos policiales para el control del orden público. 4) La Ley Orgánica para la protección de todas las personas contra la discriminación por razones políticas.
En materia de Derecho Internacional Humanitario, señala Control Ciudadano, debe legislarse sobre la protección a víctimas de los conflictos armados, control de armas, protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, como consecuencia de más de diecisiete (17) tratados de los cuales Venezuela es parte y no ha establecido medidas de aplicación nacional para dar cumplimento a los mismos.
Control Ciudadano, indica que pueden aprobarse también, por parte del Parlamento, acuerdos sin fuerza de Ley destinados a instar a otros poderes públicos, a ejercer actos en favor del cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el caso particular de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la aprobación de este tipo de acuerdo constituye una forma de reparación del daño moral y un reconocimiento a su lucha en búsqueda de justicia y reparación.
Entre estos actos, y quizá el más importante, se encuentra el de instar al ciudadano Presidente de la República para que retire el instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También agrega en su informe Control Ciudadano, otros acuerdos que contribuirían en la misma dirección: a) Acuerdo mediante el cual se insta al ciudadano Presidente de la República para que proceda a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). b) Acuerdo mediante el cual se reivindica y reconoce la labor desarrollada por los defensores de derechos humanos. c) Acuerdo mediante el cual se insta al Ejecutivo Nacional a cumplir íntegramente las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Control Ciudadano alerta en su informe, como progresivamente se está vaciando al texto constitucional de contenido en derechos humanos, por parte de los poderes públicos, al debilitar en la práctica el contenido y alcance de sus artículos 23 y 31.
Venezuela, señala Control Ciudadano, avanza en una práctica internacional regresiva, al incumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al desacatar y descalificar públicamente informes y otros actos de los órganos de protección de los sistemas interamericano y universal de protección de Derechos Humanos.
Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones para el control democrático, tendentes al debate ciudadano, la contraloría y el establecimiento de eventuales sanciones a funcionarios públicos que por acción u omisión hayan comprometido a la responsabilidad internacional del estado venezolano. En este sentido, pide al Parlamento que invite a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de derechos humanos, a presentar propuestas y a ejercer la iniciativa ciudadana en la elaboración de los proyectos de leyes descritos en este informe.
Igualmente solicita que sean interpelados, entre otros funcionarios públicos, los ciudadanos que han ejercido el cargo de Agente del Estado Venezolano ante los sistemas Interamericano y Universal de los Derechos Humanos entre los años 1.999 y 2.016.