Desde su origen, cuando todavía no volaba en Bolivia y el club Chapecoense estaba en tercera división, la empresa LAMIA contaba con un capital de apenas USD 400.000 (en relación a lo que necesitaría una línea aérea), pero se hizo de vínculos con el gobierno venezolano que permitieron un rápido ascenso.
La empresa fue creada como una firma familiar. La esposa e hijas del empresario Ricardo Albacete eran las principales accionistas en el registro, efectuado en abril de 2010. Sin embargo, Albacete, quien fue senador suplente por un partido de izquierda en los años 90, era amigo del entonces gobernador del estado de Mérida, Marcos Díaz Orellana, y consiguió rápidamente vincularse a las altas esferas del chavismo.
Tan solo dos semanas después, Díaz Orellana anunció la asociación estratégica del Estado y un aporte de capitales chinos de USD 5 millones, que permitirían la compra de aeronaves. “Nos anima este proyecto y contamos con el apoyo irrestricto del presidente Hugo Chávez, a quien le llevé un punto de cuenta y ha ordenado los recursos por el Banco del Tesoro”, declaraba por entonces el gobernador.
Solo un empresario, Gerardo Cabaña Arcos, era el único socio no pariente de Albacete, pero rompió vínculos a los pocos meses. Así, según reportó este domingo el periódico boliviano El Deber, recurrieron a un militar ligado al seno del chavismo: Tulio Quintero Ramírez, quien fue piloto de confianza del fallecido presidente Chávez en los primeros años de su gobierno socialista.
De esa forma, el proyecto de tener una importante línea aérea llegó a contar con la venia presidencial.
Quintero, a su vez, también ocupaba el cargo de director del Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos de Mérida (Sapam), un puesto que respondía directamente al gobernador Díaz Orellana. Su puesto. Su doble posición en el Sapam y en la empresa podría haber sido cuestionada como un conflicto de intereses, pero al ser ventiliada como una línea con participación del Estado, no pasó a mayores polémicas.
Continuar leyendo en: Infobae.com