Un juez desestimó este lunes una denuncia contra el presidente argentino, Mauricio Macri, presentada por parlamentarios opositores por el presunto perjuicio al Estado a partir de emisiones de deuda, informaron fuentes judiciales, reseñó EFE.
La medida fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, luego de que la semana pasada la fiscal Paloma Ochoa pidiera impulsar la investigación a partir de una denuncia presentada por legisladores del kirchnerista Frente para la Victoria contra Macri y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Los diputados denunciaron a Macri, Prat-Gay y también al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por supuestamente perjudicar y defraudar al Estado mediante la estrategia para sostener la cotización del peso argentino frente al dólar estadounidense con la emisión de Letras del Banco Central (Lebacs), así como también mediante el endeudamiento externo.
Según informó hoy el Centro de Información Judicial, Rafecas consideró que los hechos denunciados “no configuran delito alguno” y, por lo tanto, no resulta posible abrir una causa penal.
Según Rafecas, los distintos aspectos de la política económica denunciados “se enmarcan dentro de las atribuciones legales” que tiene el Banco Central “en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía”.
El juez sostuvo que “no le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico-financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado nacional”.
En momentos en que otro juzgado investiga la gestión de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por contratos de dólar futuro realizados por el Banco Central, Rafecas advirtió que se debe evitar “que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar la gestión cotidiana de la administración, propia del Poder Ejecutivo, a los tribunales judiciales”.
“Si la política económica de una administración resulta acertada o no, a partir de la estrategia que se diseñe desde su conducción para regular dichos factores (tipo de cambio, tasas de interés, inflación), forma parte esencial de la gestión global de un gobierno, que habrá de ser sometido bianualmente a consideración del voto popular, y no es algo que pueda ser escrutado desde una perspectiva penal”, argumentó el juez.