Nelly Yaneth del Carmen tomó el autobús que va desde Filas de Mariches, un barrio popular al este de Caracas, al centro de la ciudad. Intentó pagar el pasaje con un billete de cien bolívares, pero el conductor se lo rompió en la cara. Le dijo que podía hacer el viaje, aunque le advirtió que sería la última vez.
Ángel Alayón / The New York Times
Era viernes 16 de diciembre, el primer día en que los billetes de cien bolívares quedaron fuera de circulación por orden del presidente Nicolás Maduro, quien había sorprendido a los venezolanos cinco días antes al anunciar que los billetes de más alta denominación saldrían de circulación en apenas 72 horas. Mientras el autobús se acercaba a la ciudad, la señora le comentó a la persona que iba a su lado: “No sé cómo regresaré a mi casa: solo tengo otro billete de cien”.
La economía venezolana ya padece la inflación más alta del mundo, una contracción que alcanza 20 por ciento en dos años y un nivel de escasez de productos básicos solo visto en las economías comunistas del siglo XX. La pobreza se ha disparado en ese mismo periodo. ¿Tiene sentido desaparecer el efectivo sin estar preparado y de una forma que golpea con más fuerza a los más pobres? La respuesta es negativa y solo puede ser entendida como el corolario de un modelo económico que fracasó hace mucho tiempo, pero que persiste en sus errores para tormento de los venezolanos. Venezuela es hoy una economía zombi.
La crisis del efectivo fue precipitada por la decisión de Maduro. La introducción de un nuevo cono monetario suele ser un proceso planificado con una estrategia comunicacional adecuada para evitarle problemas a la población y a los comercios. En la anterior reconversión monetaria en 2008, bajo la presidencia de Hugo Chávez, los billetes viejos convivieron con los nuevos durante tres años. Esta vez el plazo fue de tres días al cabo de los cuales no aparecieron los nuevos billetes.
El gobierno justificó la medida como un “golpe en contra de las mafias que sacan los billetes para dañar a la economía venezolana”. Según esta tesis, casi la mitad de los billetes de cien del país estarían almacenados en galpones en Ucrania, España, Suecia, Polonia, República Checa y Alemania. La medida buscaba “quemarle las manos” y ocasionarle pérdidas económicas a las presuntas mafias de tenedores de bolívares, quienes no podrían, en 72 horas y con las fronteras cerradas, reingresar estos billetes.
Esta justificación es inconsistente con el hecho de que la moneda venezolana no es utilizada como reserva de valor. Desde enero de 2008, cuando las autoridades le quitaron tres ceros a la moneda, hasta diciembre de 2015, el bolívar ha sufrido una inflación de 2257 por ciento. El billete de cien bolívares compraba veintitrés dólares en 2008, pero hoy compra apenas cuatro centavos de dólar a precio de mercado negro. Nadie puede beneficiarse de su acumulación masiva, como asegura el gobierno, mucho menos pagando costos de transporte y almacenamiento en algunos de los países más caros del mundo, sin mencionar los riesgos de introducir dinero en efectivo en esas cantidades en cualquiera de los países mencionados.
El billete de cien representaba el 77,4 por ciento del valor de todo el efectivo que circulaba en Venezuela. El billete de más alta denominación pasaría de cien bolívares a veinte mil, un reconocimiento del poder destructivo de la inflación, un fenómeno que sí explica la crisis de efectivo que vive Venezuela. El Banco Central de Venezuela anunció la introducción de billetes de más alta denominación el pasado 4 de diciembre, pero hasta ahora no han sido distribuidos.
La salida de circulación del billete de cien generó fuertes protestas y saqueos en zonas donde el funcionamiento de la economía depende del efectivo. Dos agencias bancarias fueron quemadas en el estado de Apure (al suroeste), y cientos de comercios han sido saqueados y vandalizados en el estado de Bolívar, al sur del país, llevando las manifestaciones a una nueva escala.
Maduro ordenó el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil como parte de la estrategia del gobierno para evitar el reingreso de billetes a Venezuela. En Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, existen casas de cambio que negocian bolívares por pesos. La existencia de una tasa de cambio de bolívares por peso permite calcular una tasa de bolívares por dólar que algunas páginas web usan como indicador del precio del dólar negro en Venezuela. Este mercado tremendamente volátil tiene una importancia significativa en la formación de precios en Venezuela, donde no existe un mercado libre de compra y venta de dólares debido al control de cambios impuesto en 2003.
¿No hay conexión entre el dólar Cúcuta y la demanda de bolívares en Colombia?
La demanda de bolívares en Colombia está relacionada con el contrabando de gasolina y la compra de alimentos. Es la segunda vez en tres años de gobierno que Maduro cierra la frontera para controlar la economía. Ayer el gobierno acordó con Colombia coordinar acciones para normalizar la frontera. Algunos analistas han propuesto prohibir a las casas de cambio de Cúcuta transar con bolívares para controlar el tráfico de billetes. Pero no se puede abolir un mercado negro sin atacar los incentivos estructurales para el contrabando y la salida de efectivo. Hasta nuevo aviso, la llegada de billetes de mayor denominación no hará otra cosa que facilitarle las transacciones a los contrabandistas y no impedirá que se forme un precio entre el peso y el bolívar.
El 17 de diciembre, un día después de haber sacado de circulación el billete de cien, el presidente Maduro anunció que el billete de cien seguiría en uso hasta el 2 de enero y explicó que los nuevos billetes no pudieron llegar a Venezuela debido al “sabotaje internacional”.
La entrada en circulación de los nuevos billetes debe acelerarse para adecuar el dinero en efectivo que maneja la economía venezolana a sus niveles de precios, aunque esta actualización solo facilitará en algo las transacciones hechas en bolívares. Mientras los controles de cambio y de precios se mantengan, y el proceso inflacionario siga su curso, las distorsiones monetarias y la actividad criminal relacionada con la frontera continuarán sin nada que pueda impedirlo.
La solución de fondo radica en el abandono de un modelo económico sostenido en el gasto público financiado por el Banco Central de Venezuela —receta clásica de la inflación— que crea todas las oportunidades imaginables a la corrupción y cuyo único resultado posible es la pobreza.