Cuando el hambre hizo salir a las calles a miles de venezolanos el verano pasado, el presidente Nicolás Maduro recurrió al ejército para administrar los escasos alimentos en el país, poniendo a los generales a cargo de todo, desde la margarina hasta el arroz.
Por HANNA DREIER y JOSHUA GOODMAN / AP
Pero en vez de combatir el hambre, el ejército se está lucrando con ella, según una investigación de The Associated Press. Eso es lo que el tendero José Campos encontró cuando se quedó sin alimentos básicos en julio de este año. En medio de la noche, tenía que viajar hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar pallets de harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el gobierno.
“Los militares estaban allí pendientes de las bolsas de dinero. Siempre tuvieron lo que necesitaba”, dijo Campos.
Ahora que partes del país petrolero están al borde de la hambruna, el tráfico de alimentos se ha convertido en un gran negocio en Venezuela. Y las Fuerzas Armadas están en el corazón de todo, según documentos y entrevistas con más de 60 funcionarios, propietarios de empresas y trabajadores, entre ellos cinco exgenerales. Como resultado, la comida no está llegando a los que más la necesitan.
El gobierno de Estados Unidos ya tomó nota. Los fiscales están investigando a empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del ejército, por lavado de recursos —por dinero que pasa por el sistema financiero estadounidense— provenientes de los contratos de alimentos, según varias personas con conocimiento directo de las investigaciones.
“Ahora la comida da más que la droga”, dijo el general retirado Cliver Alcalá, quien ayudó a supervisar la seguridad fronteriza.
El fallecido mandatario Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 2004 para aumentar el control militar de estos productos ante los intentos de la oposición de derrocarlo. Su gobierno socialista nacionalizó y luego descuidó granjas y fábricas, y la producción doméstica se secó. Cuando el precio del petróleo se derrumbó en 2014, el gobierno ya no tenía recursos para importar todo lo que necesitaba el país.
Cuando el hambre provocó protestas y saqueos, Maduro entregó a los generales el poder total sobre la comida. El gobierno importa ahora casi todos los alimentos del país y los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones, según Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia.
“Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población”, dijo Gutiérrez. En vez de eso hay gente muriendo de hambre.
En julio pasado, un empresario sudamericano tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto. Ya había pagado millones en sobornos a funcionarios venezolanos, indicó él mismo.
El barco “hace 20 días que estaba atracado”, de acuerdo con mensajes de texto que él mandó y que le mostró a The Associated Press.
“¿Cuál es el problema?”, le respondió el general Rodolfo Marco Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es titular de Alimentación.
Aunque el dinero no se mencionaba, el empresario entendió que necesitaba pagar más sobornos. Al final, le dijo a Marco Torres que tuvo que llevarse el barco porque los gastos estaban subiendo por la demora. El empresario habló a condición de no dar su nombre porque no quería reconocer su participación en el esquema de corrupción.
Él asegura haber pagado 8 millones de dólares a las personas que trabajaban para Marco Torres. Explicó que los vendedores como él pueden darse el lujo de sobornar a los funcionarios porque inflan los precios en la factura que le entregan al estado. Su contrato de maíz de 52 millones de dólares incluyó un sobrecosto de varios millones de dólares, basado en los precios de mercado en ese momento.
El informe anual del Ministerio de Alimentación muestra sobrepagos significativos en general. Esta primavera, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votó por censurar a Marco Torres por corrupción. Maduro lo rechazó y dijo que intentaban perjudicar al ministerio.
Marco Torres no respondió a los pedidos de declaraciones que le hizo la AP por teléfono, correo electrónico y carta entregada en mano. En el pasado, ha dicho que no se involucrará en peleas con una oposición antipatriota.
El control militar sobre los alimentos vuelve menos probables las sublevaciones de los soldados hambrientos, pero también ha reducido el suministro de comida. Ante los temores de corrupción, los tres principales vendedores de alimentos de Estados Unidos han dejado de vender directamente al gobierno de Venezuela.
Algunos contratos terminan en empresas fantasmas sin experiencia en el sector. Documentos financieros obtenidos por la AP muestran que Marco Torres otorgó a la empresa Atlas Systems International un contrato de 4,6 millones de dólares para importar pasta. Atlas —registrada en Panamá— tiene todas las características de una compañía fachada, por ejemplo sin activos conocidos y una estructura de accionistas difícil de descifrar. Otro proveedor gubernamental de alimentos, J.A. Comercio de Géneros Alimenticios, tiene en su sitio web una dirección inexistente en una ciudad industrial cerca de Sao Paulo, Brasil.
Las dos compañías transfirieron más de 5 millones de dólares a una cuenta de Ginebra controlada por los cuñados del entonces ministro de Alimentación, el general Carlos Osorio, en 2012 y 2013, según documentos bancarios e internos que vio la AP.
Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado ha desestimado cargos de corrupción como ataques personales de la oposición.
El gobierno socialista dice que toma la corrupción en serio y de vez en cuando arresta a funcionarios de menor rango acusados de robar comida del pueblo.
“El Estado también está obligado a evitar que la corrupción ande campeando en todos los niveles de la administración pública”, dijo hace unos meses el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.
Y sin embargo la corrupción persiste desde el puerto hasta los mercados, según decenas de personas que trabajan en Puerto Cabello, a donde llegan la mayoría de los alimentos importados. Los oficiales a veces dejan a los barcos esperando en el mar hasta que se les paga, según un estibador que habló anónimamente porque temía perder su trabajo. El estibador dijo que los clientes le dan sobres de dólares para que se los entreguen a los militares para que sus barcos puedan atracar.
Después de que la mercancía se descarga, los agentes de aduanas toman su parte. Los funcionarios inician el proceso de nacionalización de los bienes hasta que se les paga el equivalente a un salario mínimo mensual, según cuatro empleados de aduanas. Luis Peña, director de operaciones del importador Premier Foods, con sede en Caracas, dijo que paga a una larga lista de funcionarios militares por cada envío que hace de pequeñas empresas en Estados Unidos.
“Es una cadena continua de corrupción desde que los alimentos llegan en barco llega hasta que los transportan en camiones. Al final es el cliente el que paga”, señaló.
Si los importadores tratan de saltarse el proceso sin pagar sobornos, la comida se queda y se pudre, agregó.
Los alimentos echados a perder son un problema a pesar de que 90% de los venezolanos dicen que no tienen suficiente dinero para comida. La solicitud de coimas retrasa los embarques y a veces las autoridades son negligentes con la distribución. El tema de Puerto Cabello provocó reprimendas en el informe más reciente del contralor de la nación.
Cuando la comida se echa a perder, los militares tratan de deshacerse de ella discretamente. El invierno pasado, Daniel Arteaga, un operador de grúas en Puerto Cabello, vio como empleados estatales enterraban cientos de contenedores de pollo, carne y granos podridos.
“Enterraron tantos contenedores de pollo y de carne mientras uno tiene que hacer su cola todas las semanas, y solo te dan un pollo”, agregó. “Me hizo sentir triste, porque el gobierno preferiría perder esta comida en vez de regalarla o venderla”, comentó Arteaga.
Los pagos no se detienen una vez que los cargamentos salen del puerto. Los camioneros deben pasar por puntos de control militar ostensiblemente establecidos para detener a los traficantes de alimentos. Los conductores dicen que la mitad de los oficiales en los puestos de control les cobran.
Al final de la cadena alimentaria, algunos soldados venden alimentos básicos directamente a los negocios. El panadero José Ferreira hace dos cheques por cada compra de azúcar en la ciudad de Valencia: uno por el precio oficial de 2 centavos la libra y otro por el soborno de 60 centavos por cada libra. Ferreira guarda copias de ambos cheques en sus libros, y los vio la AP.
“No nos queda otra opción. No hay sustituto para el azúcar”, comenta.
Los venezolanos sienten que los militares se están llevando la comida de los platos de sus hijos. En Puerto Cabello, Pedro Contreras, de 74 años, caminaba rígidamente en medio del tráfico en una tarde reciente para barrer granos de maíz que caían de los camiones que pasaban traqueteando. Planeaba cocinar esos granos de maíz para su familia.
“El ejército está engordando mientras mis nietos enflacan”, dijo. “Toda la comida venezolana pasa por aquí, pero poca llega a nosotros”. AP
