El 20 de octubre de 2016 Ernesto Alegría perdía la conciencia, postrado en una cama del hospital San Vicente del Raspeig, de Alicante. Antes del episodio, en todas las conversaciones con su hija María Esther, preguntaba por la pensión de Venezuela. Era su más profunda preocupación a los 84 años.
Por Carlos Moreno / publicado originalmente en Versión Final
El 28 de octubre fallecía producto de una neumonía, en medio del otoño. Los gastos de su sepelio corrían por cuenta del Ayuntamiento, que determinó que la familia venezolana carecía de recursos para ello. Su hija, en paro forzoso, debía conseguir ayudas en instituciones públicas, iglesias y amigos incluso para comer.
Don Ernesto nació en 1931, en Tenerife, una isla de 2 mil kilómetros cuadrados en el Atlántico perteneciente a España. Allí, desde muy joven, aprendió la sastrería. La dura vida y escasas oportunidades le obligaron a emigrar a Venezuela en 1955, a sus 23 años, país que lo acogería hasta 2011, cuando decidió regresar, empujado por el llamado de su hija y el apoyo de su esposa. El retorno se fundaba en la precariedad en la que había caído su vida y la de su señora, en un país que ya no era el que lo recibió en su juventud.
Dedicó toda su edad productiva y laboral a Venezuela en lo mejor que sabía hacer, confeccionar trajes. Se paseó por los talleres de Monte Cristo, HRH y Rori, un lugar en el que también conoció el amor con Inés Altuve, venezolana de nacimiento, costurera y comerciante, y con quien tendría una única hija, María Esther, graduada en la Universidad Central de Venezuela en Estudios Internacionales y que saldría a España, en 2006 tras el bloqueo que le representó haber gurado en la prejuiciosa lista Tascón.
El cese
Los 2.200 euros que recibía el matrimonio por traslado de pensión de Venezuela a España, devenidos del Convenio Bilateral en Materia de Seguridad Social, pactado en 1988 y refrendado luego en 2009 por el gobierno de Hugo Chávez, cesaron desde diciembre de 2015. Con ese dinero sufragaban alquiler, transporte, alimentación, medicinas y ropa, lo básico y justo para una vida digna y sin contratiempos.
Ese mismo diciembre, hace ya un año, los pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) radicados en España, también dejaron de percibir el dinero y comenzó lo que nunca se esperarían, una crisis hacia el nal de sus vidas. La tragedia económica venezolana les pasaba factura a 7 mil kilómetros y los hacía sufrir, durante todo 2016, de un olvido frustrante.
“Mi padre era y siempre fue el hombre de la casa, no poder responder a la familia con los gastos corrientes lo sumió en un presión muy fuerte a su avanzada edad. En el año 2015 hubo ciertos retrasos en el pago de pensiones, pero siempre respondían. En 2016 fue otra historia. Al ver que en abril no pagaban su preocupación aumentó, y esa sensación de impotencia la tuvo hasta el final”, cuenta María Esther.
España es, de lejos, el primer país de la migración venezolana de adultos mayores, de los casi 12 mil que viven en el mundo, cerca de 9 mil estarían ahora en la península y sus islas, según datos de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid.
Los pensionados advierten que ni la crítica escasez de divisas por la caída de los precios del petróleo justificaría la falla, como busca argumentar el gobierno de Maduro. Están claros que en los discursos de ministros y responsables se trata de soslayar un compromiso que matemáticamente puede ser resuelto.
Ahora el propio Gobierno celebra el acuerdo de la OPEP, que dicta recortes de bombeo de 1,2 mbd para llevar la producción a 32,5 millones de barriles diarios desde el 1 de enero de 2017, y que recuperaría ganancias a Venezuela de unos 8 mil 0 9 mil millones de dólares, según el titular de Comercio Exterior, Jesús Faría. El desembolso a los 12 mil pensionados en el extranjero, calculado en 2 mil dólares cada uno como media, resultaría en unos 24 millones de dólares por mes.
Nadie responde
Pedro Manuel Ontiveros, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela de la Comunidad de Madrid (Asopejuvecma) tiene 72 años. Luce un bigote blanco poblado y el cabello abundante. Él y su esposa, Magaly Montero, una descendiente de canarios, decidieron emigrar a España hace unos 13 años. La salida de Venezuela se produjo tras los incontrolables niveles de estrés con los que convivió la señora, luego de un atraco a mano armada y disparos al aire en frente de su propia casa, en la urbanización Prebo, de Valencia.
Dos hampones la interceptaron para robarle la Jeep Cherokee que había comprado el matrimonio, él con sus esfuerzos como profesor universitario y exdecano de la Universidad Pedagógica Libertador, y ella como catedrática en el Instituto Universitario de Tecnología de Valencia. Entró colmada en llanto a su casa para buscar ayuda. El forcejeo y los cañones cerca de su cuerpo a las 2:00 de la tarde de ese mes de junio calaron hondo en la memoria.
Desde su arribo a Madrid hasta el día de hoy, hay dos años clave que abren una brecha. El 2015, con sus retrasos en las pensiones y todo 2016. El canal entre el Banco Central de Venezuela y las cuentas del Santander en España, se cerró. Ontiveros señala que en abril pasado, pese a que recibieron un pago, los fondos corresponden a dos meses de 2015, año del que aún el Gobierno adeuda un desembolso más como parte del bono vacacional.
Desde principios de 2016 las asociaciones de pensionados y jubilados de España comenzaron a emitir comunicados para el Gobierno de Venezuela, con la exigencia de reactivar los pagos atrasados y se respetara el acuerdo firmado entre las administraciones de España y Venezuela, en materia de Seguridad Social. “Enviamos cartas al Seguro Social, al Banco Central de Venezuela, hasta al Defensor del Pueblo, pero nadie respondió. Hemos sostenido dos reuniones con el Consulado General de Venezuela en España y otras más con el embajador Mario Isea, pero todo ha dado resultados nulos hasta ahora”, dice Ontiveros.
Entre mayo y junio pasado el Instituto Nacional de Seguridad Social de España se pronunció, con la venia de los pensionados venezolanos, ante el IVSS para conocer del estatus de los pagos y del por qué de los fallos. “La única respuesta que recibieron y que nos hicieron llegar del IVSS fue que, por el momento, Venezuela atravesaba por con ictos en la política cambiaria y se estaban generando ajustes, pero esos ajustes se concretaron desde febrero y ya pasó el 2016 y no nos pagaron”, agrega.
La imagen y la realidad
En la cuenta Twitter de Carlos Rotondaro Cova, presidente del IVSS, @c_rotondaro, las imágenes parecen más una defensa de su señalada administración que un logro gerencial. Resaltan en su per l, en la foto de cabecera, una abuela sonriente con mirada agradecida y un joven médico con estetoscopio al cuello, impecablemente vestido, que parece auxiliar a alguien que desaparece del encuadre, tal vez por mala edición, o tal vez se ha colado una ironía de la vida emparentada con las noticias dramáticas de las muertes, por faltas de medicamentos e insumos en hospitales de Venezuela.
No existe en sus tuits mención alguna, reciente o pasada, sobre el caso de los pensionados en el extranjero. Su tratamiento del tema es nulo, casi como un sacrilegio si respondiera a este colectivo por tratarse de divisas, unas que, por cierto, maneja en cuantía.
El mensaje más cercano, pero solo enfocado a los pensionados en Venezuela es del 30 de noviembre donde Rotondaro replicó un tuit del IVSS: #AmigoPensionado: “Te informamos que el pago correspondiente al 3er mes de aguinaldo #IVSS se efectuará hoy jueves…” Mientras se va el 2016, los adultos mayores venezolanos en el extranjero han tenido que replegarse a casas de familiares, se alimentan en comedores populares y organizaciones como Caritas, sobreviven con colaboraciones de amigos y no pocos sufren de graves episodios de depresión al saberse insolventes.
Yolanda Salvador es una abogada venezolana radicada en España desde 2005, gracias a su doble nacionalidad. También es secretaria de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Valencia (Asopejuveval). Ni ella ni la organización que representa tampoco han recibido respuesta oficial, pero incluso en el Consulado venezolano en Barcelona, se niegan a emitir la constancia de impago del IVSS. “Conocemos casos de desahucios de varios venezolanos que se ejecutaron al no poder pagar los alquileres de sus viviendas. Nuestra situación es insólita”.
El argumento del retraso en los pagos por la escasez de divisas en Venezuela lo toma como una burla y más bien, pre ere definirlo como una “retaliación política”.
“Mientras exista el convenio bilateral en materia de Seguridad Social entre España y Venezuela, nosotros no descansaremos hasta recuperar nuestros derechos como pensionados. Son derechos constitucionales”, señala.
Diputados españoles activos
Los pensionados venezolanos han tendido puentes con el Congreso de los Diputados en España, y su caso fue expuesto en la Comisión de Asuntos Exteriores. Allí se aprobó la presentación de una Moción de No Ley, con 20 votos del partido Ciudadanos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Solo el partido Podemos, cercano al chavismo, y organizaciones independentistas se habrían abstenido y votado en contra.
La moción busca tres puntos específicos que llegarían hasta el pleno del Congreso de los Diputados en breve: 1. Que el gobierno de Mariano Rajoy explique que ha hecho frente al Gobierno de Venezuela, por el caso de los pensionados y jubilados en España. 2. Que el gobierno español active la diplomacia para interceder ante el Gobierno de Venezuela y reactivar las gestiones del pago a pensionados y jubilados venezolanos, y 3. Activar una ayuda humanitaria con pensiones no contributivas a los pensionados venezolanos, mientras se resuelve el conflicto.
En el Consulado General de Venezuela en Madrid, tampoco hay respuestas. Los pensionados salen a diario de la o cina entre las calles de Apolonio Morales y Azulinas, con más incertidumbre. Les entregan una hoja tipo carta donde se hace constar que no han recibido sus fondos durante el 2016 firmada y sellada por las autoridades, sin embargo, algunos de los adultos consultados afirman que el agente que entrega el papel les ha dicho que aún, con ese documento, no pueden hacer nada. Es una letra muerta.
Para esta historia se envió una solicitud de entrevista a Ginnete de las Nieves González Latorraca, Cónsul General en Madrid, pero no hubo retorno.
Y mientras, el presidente Maduro lanza una frase que se ancla en la cuenta oficial de Prensa Presidencial: “Pensionados contad con todo nuestro apoyo”.