Es un pésimo augurio para el futuro de la patria que el liderazgo civil autoproclamado democrático, desconozca por completo y/o mal interprete la historia del país, en especial el tránsito de la era republicana y el papel desempeñado en ella por los numerarios de la organización castrense. De peor pronóstico es que de manera impúdica, y vaya usted a saber si movido por inconfesables intenciones, se atreva a ventilar públicamente tales falencias en escenarios y circunstancias de los cuales la sociedad esperanzada esperaba líneas maestras para guiar los esfuerzos por el rescate de la democracia. Muy poco, por no decir nada, puede rescatarse de cualquier discurso donde el bandolerismo camuflado en ideología federalista de Juan Crisóstomo Falcón sea exaltado a la sublime condición de panacea política o donde el continuador de la tiranía cleptocrática iniciada por el brujo de La Mulera sea contrabandeado como prócer de la libertad, con base en la valoración de la vestimenta que convenientemente se echó encima.
Para ahorrarle la tarea de enjundiosas lecturas que quizás no tenga tiempo de acometer, debe bastar con recordarle a dicho liderazgo que, en Venezuela, los hombres y mujeres de uniforme han sido actores políticos de primera línea desde los albores del siglo XX hasta nuestros días y los sectores más ideologizados de ellos han terciado, directa o indirectamente, en la contienda por controlar el aparato estatal y gubernamental, con diferentes grados de éxito al respecto y arrojando tras tales acciones múltiples secuelas sintetizadas en la desestabilización política. En función de ello, no puede obviarse la histórica advertencia: en caso de que los procesos de transición política lleguen a estar dirigidos por el factor militar, o acusen papel preponderante de éste como mecanismo de apalancamiento, es altamente probable se salgan de control las aspiraciones de poder de la oficialidad políticamente motivada y se expresen en la pretensión, cuando mínimo, de tutelar al poder constituido.
Más concretamente: si facciones ideologizadas de la fuerza armada asumen el protagonismo principal del proceso de transición política, se corre el riesgo enorme e innecesario de que más que avanzar en el camino deseado se termine retrocediendo a situaciones supuestamente desmontadas u opere algo equiparable al estancamiento. Quien paga, manda. El elemento dominante en todo proceso de cambio político conscientemente adelantado a la larga pasa la factura pues, como es dable suponer, va a renegar de cualquier condición en la cual no resulte beneficiario directo de la variación situacional desplegada. Esto puede considerarse casi que una ley politológica, si ello pudiese existir. Al final de la jornada, los entuertos derivados pueden subsanarse, pero el costo a pagar es extremadamente elevado. Lo sufrido en términos humanos y materiales durante el primer lustro de la desaparecida democracia liberal representativa, es lección harto elocuente al respecto.
Entre tantas turbulencias que 2017 le depara a esta sufrida tierra que nos acoge, se hace perentorio que los civiles vacunados contra el virus pretoriano traten de ahorrarle una ya dolorosamente experimentada. Vale, entonces, la admonición: quienes reclaman algún grado de intervención militar en el proceso de transición que irremediablemente conducirá a la estructuración de la era post-chavista, no están más que nombrando la soga en la casa del ahorcado.
Historiador
Universidad Simón Bolívar
@luisbutto3