La tragedia, vestida de muerte violenta, visitó a las familias, amistades y compañeros de trabajo de los 127 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad de la Gran Caracas, asesinados por la delincuencia en el año 2016. El ataque certero ha herido nuevamente al Estado venezolano que, sin embargo, no ha buscado lo que sí clamaron los dolientes de esta masacre: Justicia.
Nota de Prensa
Para el director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, la muerte de cada efectivo ha despertado un sin sabor entre las filas de las instituciones de seguridad, porque además que la mayoría de los casos queda impune, pierden a un hombre o mujer que estaba en lucha por el resguardo de la ciudadanía, pese a todas las desventajas que tiene el ser policía en la actualidad.
“Rindamos honor a los funcionarios caídos en resistencia a la delincuencia buscando sin cansancio a los responsables de estos hechos, pero también haciéndole saber al gobierno lo importante que son cada uno de ellos para nosotros y para la sociedad. No abandonemos a las familias afectadas, protejámoslas con trabajo y una mano amiga. Rindámosle honor dejando en alto el nombre de nuestra policía, pues éste lleva grabado el recuerdo de lo que fueron ellos en vida durante su carrera profesional”, declara el director del organismo.
A juicio de Guzmán hay un “silencio ensordecedor” por parte de las autoridades nacionales, pues ni el presidente, ni los ministros, ni ningún representante del gobierno oficial ha dicho o hecho algo contundente a favor de quienes han caído en el cumplimiento de su deber o estando franco de servicio, salvo cuando han sido casos a los que han dado un tilde político.
“Ocho efectivos de nuestra institución perdieron la vida a manos del hampa el año pasado y en cada uno de los casos acompañamos a sus familiares en el luto y los ayudamos tramitándoles empleo o cualquier otra necesidad que estaba a nuestro alcance. Rendimos los honores correspondientes, hablamos con los medios de comunicación y por las redes sociales sobre los sucesos. Nos quejamos ante el gobierno porque los delincuentes nos atacan con granadas o fusiles y nosotros nos defendemos con una pistola, pero además estamos encima de las investigaciones de todos los casos, muchos de los cuales se frenan por cuestiones políticas. Eso demuestra que seguimos allí para ellos, porque si no existe ese interés simplemente no puedes esperar lo mismo de quienes estás formando con tu ejemplo”, fustigó.
No solo el “precio” que han puesto los delincuentes a la vida de un funcionario, sino también el que cada uniformado deba pasar desapercibido como autoridad donde vive para evitar ser atacado, forma parte del día a día de quien elige continuar con su carrera policial, esperando que las balas enemigas carezcan de puntería.
“Cada vez son menos quienes siguen dispuestos a trabajar como efectivos de seguridad. La deserción y casi nula captación, además de la mortalidad del oficio, agudizan la realidad de las instituciones. Tanto el gobierno como la sociedad deben trabajar junto a nosotros para impedir el acelerado crecimiento de la delincuencia. De lo contrario seguiremos aislados, como ya estamos, llorando muertos, cada cual por su lado. De cada venezolano depende el porvenir de las instituciones y en especial el de la generaciones de relevo que velarán por la justicia y el bien común”, concluyó Guzmán.