Al abogado criminalista Fermín Mármol García le resulta “muy delicado y muy, muy preocupante” las nuevas funciones asignadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el marco del plan Carabobo 2021 anunciado ayer en cadena de radio y televisión por el ciudadano Nicolás Maduro.
Nota de Prensa
Entrevistado este martes por el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, en su programa radial La Fuerza es la Unión, Mármol analizó las seis líneas de acción que contempla este nuevo plan, el cual, en su opinión, debió plantearse como “Carabobo 2017 porque no se puede esperar hasta 2021 para arreglar el problema de la seguridad ciudadana”.
Al referirse a la cuarta línea del mencionado plan, que contempla la actuación del Sebin conjuntamente con “patriotas cooperantes” para supuestamente adelantarse a posibles hechos de violencia, incluyendo la violencia criminal, Mármol opinó que es algo “muy delicado” pues “sabemos que esto pudiera ser una amenaza con relación a los movimientos de libertad y democracia que están activados en Venezuela”.
“¿O será que por fin el Sebin va a contribuir a luchar contra la delincuencia organizada? ¿Qué va a pasar información para desarmar colectivos armados y violentos, para desarticular el pranato carcelario, para desarticular los boliches en occidente?”, cuestionó.
“El papel del Sebin no ha sido el de resguardar la seguridad del Estado contra movimientos como las FARC o el ELN, o para atacar el contrabando de armamento ligero y pesado, el tráfico ilegal de drogas o la corrupción. Más bien ha sido una policía política para perseguir a la disidencia política, a los empresarios. Entonces, tenerlo en una línea para el combate del crimen y la violencia suena sospechoso porque, como dice el refrán, al pasajero se le conoce por la maleta, a la gente se le conoce por su conducta previa. Es muy, muy preocupante si fue un mensaje velado o si el Sebin va realmente a contribuir con la administración de justicia. Eso lo veremos”, prosiguió.
“Pero lo que sí está muy mal, sea una cosa u otra, es el tema de los patriotas cooperantes, porque en el ámbito jurídico penal nos hemos cansado de ver actas procesales de patriotas cooperantes, sin identificación, que sirven para detener a personas inocentes, y eso es muy, pero muy preocupante y son observaciones que hasta el propio Ministerio Público, en algunos casos, ha hecho valer”, apuntó.
Sobre este punto el secretario ejecutivo de la Unidad intervino para comentar que si es así, será entonces “la institucionalización del sapeo masivo, al convertir a todos en espías del vecino o de los propios familiares, una suerte de bachaqueo de información y espionaje”.
Una rifa donde todos estamos anotados
El asesor en materia de riesgos especiales señaló que el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) presentado el pasado 28 de diciembre, indica que cada 18 minutos es asesinado un venezolano, lo que muestra la gravedad de este problema en el país. Pero el asesinato, el pasado fin de semana, del animador Arnaldo Albornoz “fue un detonante que obligó al gobierno a abordar el tema de la seguridad ciudadana”.
“Nos han repartido el ticket de la muerte, del secuestro y del asalto a todos, pero no queremos salir premiados. Es importante ver al gobierno hablando sobre el tema de la seguridad ciudadana y es una buena intención, pero no vivimos de buenas intenciones. Necesitamos hechos y resultados concretos”, advirtió.
Al analizar las líneas de acción de este nuevo plan, señaló que la primera consiste en la expansión de planes deportivos en todo el país. “Evidentemente que todos queremos que llegue la cultura, el deporte y la educación y la salud a nuestras zonas populares y no que se llenen de fusiles como se anunció en el plan Zamora 200”, comentó.
La segunda establece la presencia de fuerzas policiales y militares en las calles bajo un sistema de patrullaje. La tercera prevé la instalación de 2500 cuadrantes de paz en todo el país para una respuesta territorial y el desarrollo de lo que denominó la policía comunitaria, el acercamiento de la policía y los militares a las comunidades.
“La segunda y tercera líneas se parecen muchísimo. Nos parecen acciones muy semejantes como para haberlas dividido en dos líneas distintas”, comentó.
La tercera línea incluye la necesidad de reclutar 10 mil nuevos efectivos para la Policía Nacional Bolivariana y otros 10 mil para la Guardia del Pueblo. “Estos nuevos efectivos deberán ser de nivel universitario. Reclutar a estas 20 mil personas va a requerir convocatorias, cursos, evaluaciones y no creo que sea responsable decir que estarán en las calles antes de que termine el primer semestre de este año”, apuntó.
La quinta línea de acción consiste en reformular la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) que ahora pasará a llamarse Operación para la Liberación Humanitaria del Pueblo (OLHP). “¿Esto es realmente una reforma de ese plan?”, cuestionó.
“La última línea – que no desarrolló mucho porque iba a iniciarse el juego de béisbol – fue la referida a la justicia. Lo único que anunció fue la necesidad de que se creen las casas de la justicia en zonas populares. Imaginamos que se trata de la jurisdicción penal municipal o la jurisdicción de justicia de paz. Esa pudiera ser la interpretación”, señaló.
“Pero nada se dijo del Cicpc, la policía científica venezolana, que tiene 300 por ciento de déficit de personal de pesquisas, de ciencias forenses y criminalísticas. Nada se dijo de la investigación criminal, nada se dijo de fortalecer el Ministerio Público, nada se dijo de la construcción de nuevas cárceles para reubicar a los privados de libertad. Quedaron muchísimos vacíos”, prosiguió.
En su opinión, en este nuevo plan lo que hace es “reciclar” planes que ya han sido puestos en práctica y que no han dado resultados.
“El tema de la OLP, por ejemplo, tiene que ser explicado un poco más. La OLP no ha podido, desde que nació en 2015 y todo el 2016, reducir la tasa de homicidios y secuestros. ¿Entonces qué va a tener de novedoso para lograr hacer retroceder estas tasas? ¿Y por otro lado, no se explicó cómo van a corregir las desviaciones, la violación de derechos como el de no violación del domicilio?”, demandó.
Otra recomendación que hizo fue que este nuevo plan se ponga por escrito y se divulgue a través del portal del Ministerio de Interior y Justicia para que la ciudadanía pueda conocer los objetivos, los plazos, las instituciones que van a participar en ellos y hacerle seguimiento. “En políticas públicas lo que no está escrito, no existe”, concluyó el también profesor universitario.