Para el abogado y defensor de Derechos Humanos (DDHH), Rafael Narváez, el reciente anuncio del Plan Carabobo 2021, no ofrece ninguna novedad y trae mayor confusión y desesperanza a la población ante los altos índices de criminalidad reinantes en el país. Aseguró que este plan es solo, “un reciclaje de planes fracasados de los gobiernos de Chávez y Maduro”.
Nota de prensa
Explicó que en el caso de los cuadrantes de paz, mecanismo que en su opinión, pretenden ser vueltos a poner de moda como parte de la solución al crimen, fueron implementados en 2015 durante la gestión del para entonces ministro de Interior, justicia y paz, Miguel Rodríguez Torres, “con un resultado deplorable”. Subrayando que basta recordar lo ocurrido en La Cota 905 y los estados Miranda y Aragua, “donde el crimen hizo de las suyas y aun mantiene el control de muchas zonas de forma impune”.
Señaló que le llama poderosamente la atención que en la conformación de estos cuadrantes, participarán, además del Sebin y la Policía Nacional Bolivariana, las comunas, las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, Ubch, Frente Francisco De Miranda, Ministerio de Educación, Ministerio de la cultura, Ministerio de Vivienda y Hábitat y adicionalmente, lo que definió como “invitados de piedra”, la Defensoría, El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, la Fiscalía y el Movimiento por la paz y por la vida, quienes, como funcionarios públicos, “¿Dejarán sus despachos para estar en los cuadrantes de paz?”.
En cuanto al impulso del desarme nacional, consideró que tal afirmación se corresponde con un “acto de demagogia” por ser del conocimiento público la gran cantidad de armas de grueso calibre que existen en los centros penitenciarios del país. “No se ha podido desarmar a un población reclusa de 53.000 individuos que exhiben sus armas abiertamente. ¿Cómo harán para desarmar al hampa que está más y mejor armada que los cuerpos de seguridad del Estado?”.
Sobre el punto de la transformación policial, recordó que cuando Freddy Bernal fue designado para hacer un trabajo hacia las policías y dio sus primeros pasos, fue sacado de sus funciones. “Una policía que de acuerdo a Tareck el Aissami, cuando fue ministro de interior y justicia, comete el 30% de los delitos y ahora se habla de que el futuro debería ser una policía comunitaria. Es el mismo reciclaje que intentó aplicar Barreto cuando fue alcalde metropolitano de Caracas”.
Rechazó la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia militar con la participación del Sebin y los llamados patriotas cooperantes para que informen donde están las bandas criminales. “Esto es grave, no se puede colocar a los vecinos y a los ciudadanos en contra del crimen organizado. Es inaceptable por ser ilegal que el gobierno delegue la potestad y competencia que le da la Carta magna”.
Sobre el anuncio de la conformación de las Casas de justicia, consideró como un buen ejemplo de la improvisación del Ejecutivo nacional y la poca voluntad política por resolver el problema de seguridad y orden público en el país. “¿Quién va administrar justicia en las casas de justicia? ¿Se van a construir Casas de justicia? ¿Dónde? ¿Cómo piensan combatir la impunidad?”, se preguntó.