La declaratoria como constitucional de decreto de estado de excepción de Emergencia Económica por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha despertado el rechazo de expertos en materia jurídica, reseña El Impulso.
La exmagistrada Blanca Rosa Mármol, manifestó al respecto que el instrumento, por el contrario, sigue siendo inconstitucional.
Entre las razones que lo califican como tal, recordó que los estados excepcionales se aplican con base en circunstancias establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), las cuales justifica una necesidad, como la desgracia natural.
El tiempo de vigencias, también ha sido violentado a través de las prórrogas, sumado a que la Asamblea Nacional (AN), como ente de control, por representación de la ciudadanía, no ha aprobado ninguno de los instrumentos.
“Eso siempre ha sido inconstitucional, no sólo por sus reiteradas consideraciones de extensión, sino por su contenido, sin revisión de la Asamblea Nacional. Que el TSJ diga que es constitucional es desconcertante”, sostuvo.
Sin embargo, recordó que la Sala Constitucional ha tomado como práctica recurrente avalar las acciones del Ejecutivo Nacional, hecho que podría estar relacionado con el “supuesto diálogo”.
Expresó que al igual que el decreto, todo lo que se haga con base y alrededor de este, será igualmente inconstitucional. Citó aspectos como el endeudamiento del ejecutivo sin aprobación de la AN.
“Las consecuencias ya se han advertido, incluso se hizo internacionalmente… Esas decisiones no tienen validez y no será reconocidas por nosotros como país”, afirmó.
Alianza perjudicial
Al consultarle qué representa para una país la alianza entre poderes ejecutivo y judicial, como se ha denunciado ocurre en Venezuela, Mármol indicó que dicha situación simboliza “ausencia de democracia”.
Recordó que la democracia es autonomía de poderes, pero en Venezuela el TSJ está “completamente sometido al Ejecutivo”, como se observó “en la presentación de la Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro ante los magistrados”.
Recuperar la democracia
La exmagistrada indicó que el TSJ no es un poder que garantice la recuperación de la democracia.
Expresó que dicha tarea le corresponde a la Contraloría General de la República. Sin embargo, incluso en diciembre se dio una decisión que libra a la jurisdicción militar del control de esta, lo que agrava la situación.
A su juicio, la única solución es el llamado a una Constituyente Originaria, puesto que Venezuela atraviesa “una pérdida total de las instituciones”.
Sobre el preacuerdo de diálogo, señaló que por el contrario se trata de una “capitulación” que somete la AN al TSJ, entre otros supuestos igualmente inaceptables.
Reiteró que la vía democrática es la Constituyente Originaria, ya que el parlamento tuvo oportunidad de paliar los efectos de la anterior asamblea de mayoría oficialista, con la revisión de nombramientos de los magistrados desde 2004, que si bien no habría resuelto la problemática, sería una mejora sustancial. La propuesta se llevó tardíamente.