El 7 de julio de 2014, el presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y el entonces mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunciaron el llamado “Plan Frontera Sur”, a través del cuál se fortalecerían mecanismos en la frontera común para fortalecer la vigilancia y dar más seguridad a los migrantes, reseña Infobae.
Pero el mismo año que arrancó el programa, la empresa Ferrosur, en conjunto con el gobierno local de Tierra Blanca, en Veracruz (Sur), iniciaron la construcción de un muro que dificulta el paso de los migrantes al pueblo, que es un lugar de paso para abordar el tren conocido como “La Bestia” que atraviesa todo México hasta la frontera con Estados Unidos.
Este muro de concreto, de metro y medio de alto y con un alambre de puas en la cima, recorre más de un kilómetro e impide que los migrantes puedan llegar a las vías del tren y a los centros de derechos humanos y albergues, cercanos.
En medio de la polémica por las protestas de México contra el muro de Donald Trump en la frontera norte mexicana, activistas y defensores de derechos humanos piden voltear hacia el sur, ante la intención de la empresa, concesionaria de trenes, para ampliar este muro a toda su red concesionada en el sur y sureste. El proyecto de Ferrosur incluye un nuevo muro de tres metros de alto, el doble del que ya existe.
“El muro tapa el acceso a los migrantes, lo hizo Ferrosur para cuidar los límites de los patios de los trenes. Le tapa el acceso a los migrantes para llegar acá a los albergues y tienen que buscar otras rutas más largas para poderse subir a los trenes”, dijo a Infobae Jennifer, voluntaria del albergue Decanal Guadalupano, uno de los que dan hospedaje a los migrantes.
Antes del muro, los migrantes sólo caminaban unos cuantos pasos para llegar al albergue. Ahora, tienen que recorrer más de un kilómetro.
“Previo al anuncio del Programa Frontera Sur, Ferrosur había emprendido esfuerzos para impedir el acceso de los migrantes al tren en Coatzacoalcos, Veracruz. En 2012, Ferrosur colocó postes de cemento a lo largo de ambos lados de las vías en Apizaco, Tlaxcala, lo que ha hecho que sea prácticamente imposible embarcar y desembarcar del tren, y ha provocado numerosas lesiones”, señala un informe de la organización WOLA, defensora de derechos humanos.
Organismos como WOLA han detectado hasta 16 nuevas rutas para llegar desde Centroamérica hasta la frontera de México con Texas; dos de ellas son marítimas y van de embarcaderos de El Salvador y Guatemala hasta las costas de Huatulco y Puerto Ángel, en Oaxaca (Sureste) donde después los migrantes inician rutas por tierra que los llevan hacia Veracruz u otros estados para abordar los trenes.
Permitir que el proyecto continúe, dijo a Infobae Walter Batres, presidente de la Red migrante Guatemalteca, representa hacerle “el trabajo sucio a Estados Unidos” e hizo un llamado al gobierno mexicano para que en este momento en el que está peleando para que no se construya una barda que lo separa de Estados Unidos, tampoco permita que se violen los derechos humanos de los migrantes.
“México se prestó a hacer el trabajo sucio que no puede hacer Estados Unidos para detener el flujo migrante y ha cometido grandes errores como militarizar la frontera sur. Se han violado muchos derechos humanos y lo único que hemos visto es un aumento en el crimen organizado y un aumento en el número de personas que quedan inválidas por ir al norte. México ha hecho la vista gorda a estos problemas cuando se han denunciado”, señaló.
Ferrosur es una de las empresas de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, según la revista Forbes, y de acuerdo con activistas, su proyecto no sólo viola los derechos humanos de los migrantes sino también de los mexicanos que viven en las cercanías de las vías del tren, porque la ampliación los deja aislados de los caminos que los comunican con otros pueblos.