Alguna vez paladín de la democracia en Perú, el expresidente Alejandro Toledo enfrenta una orden de captura internacional y reclusión, acusado de recibir sobornos de Odebrecht a cambio de una obra, mientras el gobierno evalúa ponerle precio a su cabeza.
A sus 70 años, Toledo está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, siguiéndole los pasos al autócrata Alberto Fujimori, de quien fue férreo opositor a fines del año 2000.
Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado por el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, de haber recibido 20 millones de dólares para ayudarles a ganar la concesión de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
“Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por un plazo de 18 meses. Como se encuentra en libertad se cursa los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura y reclusión”, dijo el juez de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción.
El magistrado dispuso que el exmandatario sea ubicado a tanto a nivel nacional como internacional, vía Interpol.
El plazo de prisión se contabilizará desde el momento en que Toledo sea detenido. Hasta hace unos días el exmandatario se encontraba en París y, aunque sigue en el extranjero, su paradero exacto es desconocido.
Su abogado Heriberto Benítez anunció que apelará la decisión judicial. Él había pedido que se le otorgue sólo orden de comparecencia durante la investigación, pues considera que detenerlo sin una sentencia de fondo es una vulneración de sus derechos. Le recomendó a Toledo no volver al país pues no hay garantías para su proceso.
Tras conocer la decisión del juez, el Consejo de Ministros anunció que si en las próximas horas no se conoce el paradero del expresidente, la Comisión de Recompensas para requisitoriados por delitos graves lo incluirá en su lista. También se preparan para un posible pedido de extradición.
– “Toledo vendió la carretera” –
En una entrevista televisiva el exgobernante había negado los cargos y dijo ser víctima de persecusión por combatir a Fujimori. Pero, para el juez, “Toledo vendió la carretera interoceánica por pagos de Odebrecht”.
El magistrado Concepción detalló que para ordenar la detención de Toledo “no se exige certeza, sino la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan”.
Este proceso judicial responde sólo a una investigación preparatoria, que servirá para luego analizar los delitos de fondo en un juicio.
– Trabajo de Fiscalía –
El gestor de esta medida fue el fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Entre otras cosas, sustenta el caso en las confesiones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien se acogió a un acuerdo con la justicia y delató al exgobernante y a su cómplice y amigo, Josef Maiman, en cuyas cuentas off shore se depositó el dinero.
De acuerdo con el fiscal, el pedido inicial de Toledo era de 35 millones de dólares, pero la empresa finalmente le pagó 20 millones de dólares porque, si bien ganó la licitación, el gobierno no cumplió con modificar las bases del concurso para perjudicar a sus competidores.
Según explicó Castro, el soborno se pagó en 18 partes, desde junio de 2006 hasta junio de 2010, incluso cuando Toledo ya había dejado el cargo.
El dinero fue depositado a una empresa offshore, Ecoteva, conformada por Maiman y la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en Costa Rica. Desde allí se hicieron transferencias para el pago de hipotecas y propiedades en Perú, según la Fiscalía.
Ecoteva ya era investigada por la justicia hace varios años, pero no se había logrado determinar de dónde obtuvo el dinero. Con la confesión de Odebrecht, el círculo se cierra.
– Explosión Odebrecht –
Toledo admitió que su amigo Maiman le prestó el dinero para los inmuebles, sin saber su origen, aunque en una primera versión aseguró que los fondos vinieron de un préstamo de su suegra, judío-belga, por una indemnización tras el holocausto nazi, afirmación que fue desmentida.
Odebrecht, que ha reconocido pago de coimas en Brasil y Latinoamérica a cambio de obras públicas en un caso conocido como “Lava Jato”, reconoce que pagó 29 millones de dólares en Perú ilegalmente entre 2005-2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de 7 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.
Por su parte Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, ya son investigados por lavado de activos por supuestamente financiar su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil.