La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advierte de la existencia de un Estado parapolicial y paramilitar debido a la falta de control de armas y municiones legales, así como la carencia de voluntad política para implementar la Ley Desarme a cuatro años de su promulgación. Esto esto se ha traducido a que en 2016 haya habido 727 homicidios en Ciudad Guayana y más de 28 mil en todo el país, publica Correo del Caroní.
Por Jhoalys Siverio
La Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones fue aprobada y promulgada en 2013. Desde entonces se ha cuestionado su efectividad por las cifras rojas de ese año. Y más: se han incrementado, evidenciado la poca efectividad en su aplicación, más por la tenencia de armamento por parte de grupos armados ajenos a los cuerpos de seguridad del Estado.
La ONG Amnistía Internacional estimaba la existencia de aproximadamente 6 millones de armas en Venezuela, pero solo un millón y medio de ellas están registradas en la División de Armamento de la Fuerza Armada Nacional.
En 2014, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que a través del Plan de Desarme Voluntario fueron destruidas 26.518 armas e inutilizado 18.452.
Sin embargo, el balance parece haber quedado solo en esas cifras, la existencia de colectivos armados en todo el país es una prueba de ello.
La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, destaca que el problema en materia de la Ley Desarme es la falta de voluntad política del Estado para darle cumplimiento.
“Hay un elemento fundamental en el que hemos insistido y es que no existe control sobre las armas y municiones legales”, señala.
A ello agrega que uno de los mayores daños generados fue a partir de la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, ya que estableció órganos distintos a los policiales para ejercer funciones de control del orden público.
“Bajo esa cubierta se está dando atribuciones a órganos no autorizados por la ley para ejercer funciones de control de orden público, y eventualmente podrían estar armadas estas personas”, agrega San Miguel.
Grupos parapoliciales y paramilitares
La directora de Control Ciudadano advierte sobre la continuidad en la fuga de armas y municiones de no tomarse los correctivos necesarios. Recuerda que en el crecimiento desproporcionado de la milicia podría haber una fuga importante que “estaría entrando a formar parte de estos grupos armados al margen de la ley, que operan de forma parapolicial y paramilitar en algunos casos”.
Dentro de las recomendaciones que hace desde Control Ciudadano está el ejercicio de un control democrático sobre la tenencia de armas y municiones.
“No existe control democrático sobre esta tenencia de armas y municiones legales, y mientras esto sea así, la fuga continúa”.
Recomienda también que el sistema sea digitalizado y pueda ser auditado permanentemente por los órganos contralores, así como permitir a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Defensa, auditar este sistema.
Por otra parte, considera que “hay una interpretación totalmente errónea del artículo 332 de la Constitución. El presidente Maduro ha venido ampliando la existencia de órganos no autorizados por la Constitución para entregar las funciones de control de orden público, y esto tiene que prohibirse. Si hicieran esas cosas, cambiaría el asunto”.
Cuentas pendientes
A la falta de voluntad política del Estado para contar con un efectivo plan de desarme, San Miguel señala la preocupación en la designación de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, pues en su gestión en el Ministerio de Relaciones Interiores, de 2008 a 2012, desapareció la data de la tenencia legal de armas y municiones en Venezuela.
“La data se empezó a reconstruir paulatinamente a partir de la salida de Tareck El Aissami, pero, ¿qué pasó?, ¿por qué se sustrajo esa data por tanto tiempo? Además, depende del vicepresidente de la República la Venezolana de Importaciones y Exportaciones, que es la principal compañía encargada de comprar armas y municiones en el exterior”.
En este sentido, reitera que “el Estado no puede dar cuentas hoy en día de cuántas armas posee y produce legalmente, y mientras eso sea así estamos destinados a que exista un Estado paralelo armado, que parece ser el interés para que exista porque rompe de una mala política para convertirse en la política”.
La situación en materia de descontrol en la tenencia de armas en Venezuela llega al punto de existir “comisarios políticoterritoriales armados al margen de la ley que se encargan, con fines de control político, de ejercer funciones con armas. En muchos poblados saben quiénes son; en muchos casos, cobran vacunas y dirimen conflictos políticos, pero también atacan cuando se actúa contra lo que establecen como intereses que hay que defender. Hay un funcionamiento parapolicial y paramilitar en el Estado venezolano que se está alimentando de las armas y municiones de la República, bajo la complacencia del mismo Estado venezolano”, denuncia San Miguel.
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