La Constitución en su artículo 115 dictamina taxativamente el derecho a la propiedad privada. De igual manera lo hace el Código Civil en su artículo 545. No obstante, el Gobierno de Hugo Chávez para el año 2005 legalizó la expropiación “para el bienestar del pueblo”. Por ello, con el pasar de los años se han creado decretos que propician la práctica de la invasión y vulneran la Carta Magna, reseña El Impulso.
El presidente Nicolás Maduro en julio de 2016 publicó una resolución en la Gaceta Oficial Nº 6.234 que otorga el permiso de ocupar terrenos con el propósito de garantizar “una vivienda digna” a los venezolanos; sin embargo, esta concesión ha incitado a la toma desmedida de la propiedad privada.
Lara se encuentra dentro de los once estados en los cuales se otorgó el permiso de ocupación de terrenos por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), respaldados por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU).
A raíz del decreto, el 1º de febrero se observaron otros indicios de ocupación de terrenos en el estado Lara. El primero de ellos ocurrió en la urbanización El Palmar, municipio Palavecino. Al sitio llegaron 200 tomistas acompañados por funcionarios del INTU y la Guardia Nacional, tumbaron el portón y saltaron los muros para poder acceder a las 12 hectáreas del terreno.
Según los representantes de la asociación civil Villas María (quienes se encontraban resguardando sus parcelas donde se construiría un complejo habitacional privado) los invasores agredieron a los propietarios del lugar.
Ese mismo día fue intervenido un estacionamiento ubicado en el casco histórico de Barquisimeto, específicamente en la carrera 15 con calle 24. Los invasores aseguraban seguir los lineamientos del INTU. Estos terrenos estaban destinados a instalaciones de utilidad pública.
Una de las más recientes invasiones ocurrió el 7 de febrero en el kilómetro 24 de la avenida Florencio Jiménez, en un terreno privado que está destinado a la siembra de distintos rubros.
Iribarren
En los últimos años han sido invadidos varios terrenos, pero en el municipio Iribarren no se maneja una información exacta de cuántos terrenos municipales han sido ocupados, según lo informó el abogado Jesús Pérez, síndico de Iribarren.
Aseguró que en la avenida Florencio Jiménez, en los últimos meses, los Consejos Comunales de la zona se han dedicado a ocupar los terrenos abandonados, mientras que en el centro de la ciudad, los espacios más buscados son las casas en ruinas, las cuales son demolidas por el grupo de tomistas con el objetivo de montar sus ranchos.
Como advierte la concejal del municipio Iribarren, Milagro Gómez de Blavia, las invasiones van más allá de una violación de los derechos de la propiedad privada. Es una situación que refleja “cómo Venezuela se convirtió en un estado forajido donde reina la anarquía”.
Para ella, esta práctica muestra nuevamente un tema de lucha entre las necesidades básicas de una población (como es el derecho a la vivienda) en confrontación con un caos urbano y una falta de opciones de financiamiento y construcción que permitan a la sociedad el acceder a un hogar propio.
“El Gobierno usa una bandera llamada justicia social que se lleva por delante los derechos fundamentales de estabilidad, seguridad jurídica, certeza y dimensión de futuro. No es que los pobres les quitan a los ricos, es un tema de caos social y absoluta inexistencia de un estado de derecho donde el liderazgo se ha pervertido y lo único que se refleja es un deterioro moral y ético”.
Chantaje electoral
Para el coordinador de Ciudad Atendida, de la alcaldía del municipio Iribarren, Miguel Peña, las invasiones promovidas por el Gobierno nacional son acciones de tinte político que buscan posicionarlos para calar en sectores donde han perdido popularidad y garantizar su victoria en las elecciones regionales y municipales que están pendientes por realizarse.
“Permitir las invasiones es una especie de chantaje. El gobierno empieza a ofrecer tierras y hacerle creer al pueblo que va a satisfacer sus necesidades de ocupación a través de la Misión Vivienda. Pero al final terminan siendo promesas vacías que tenían como objetivo congraciarse con un territorio que está cansado y angustiado por culpa de las malas políticas del gobierno”.
Peña, en nombre de la alcaldía, destacó que no están en contra de que se resuelva un problema habitacional a la población venezolana porque entienden que la situación económica y social que atraviesa el país limita al crecimiento habitacional, pero rechaza de manera contundente que la necesidad pase por encima del derecho a la propiedad privada y el respeto a otro ciudadano.
“La propuesta es que no se maneje de forma política la falta de vivienda, debe ser una situación tratada en conjunto con la Cámara de la Construcción. Esto ocurre en cada temporada previa a las elecciones, se genera todo un rebullicio de supuestos complejos habitacionales que quedan en puro cuento para tratar de convencer a la gente”, expresó.
Aunque las autoridades de la alcaldía ratificaron que están en desacuerdo con las invasiones, se encuentran de manos atadas para actuar. “¿Qué podemos hacer si los entes que están por encima de la alcaldía se prestan para este tipo de acciones? No podemos actuar en contra de los tribunales o de un ministerio que fomenta que esto continúe sucediendo”.
Corrupción
En tanto, el abogado Jesús Pérez recordó que las competencias de expropiación se convirtieron en intereses políticos contrapuestos que atentan contra el desarrollo de la ciudad y un grupo de personas han creado de esa práctica todo un negocio y actos de extorsión.
“Con el decreto de expropiación, el gobierno determina zonas de la ciudad donde GMVV podría crear programas habitacionales y los adscritos a la misión deben custodiar el terreno con sol y lluvia, mientras en algún momento deciden construir. Lo que sucede posteriormente es que los beneficiados se cansan de esperar y deciden vender los terrenos, que nos les pertenecen, para obtener algún tipo de ganancia; extorsionando al comprador”.
Pérez hizo hincapié que el Ministerio Público, a pesar de que recibe estas denuncias no ha efectuado ni siquiera la primera imputación penal en función de los delitos de invasión, castigados en el Código Penal en su artículo 471-A . Tampoco se ha investigado la venta de estos terrenos.
“Lamentablemente esto envía un mensaje a la sociedad de que nunca va ser perseguido o investigado quien incurra a estos actos y con el pasar del tiempo se convertirá en algo común y cotidiano apoyado por el mismo Gobierno”.
Sin servicio
Es importante destacar que las autoridades de la alcaldía manifiestan que para el municipio el problema no radica en la perdida de una parcela de terreno, dado que su interés económico es el desarrollo y organización territorial y urbanística. Es decir, el municipio es quien otorga los permisos de construcción a entidades públicas y privadas y vela por garantizar el servicio básico indispensable para su habitabilidad.
¿Qué sucede luego con los lotes de terrenos invadidos? El abogado Jesús Pérez, dio como ejemplo lo sucedido en la urbanización Alí Primera, donde es recurrente el problema del servicio de cloacas y agua.
“El espacio de la comunidad no está diseñado para soportar la gran densidad poblacional que tiene, por eso el municipio no ha otorgado la habitabilidad y desarrollo sobre esas parcelas.
Las consecuencias para el municipio es que se incrementarán las tomas ilegales de los servicios, lo que afecta a los conjuntos residenciales formalmente registrados en sus alrededores. En conclusión, las invasiones crean una esperanza falsa sobre una vivienda que con el tiempo ni siquiera será objeto de herencia; son tan solo políticas del momento que no tienen visión de futuro”.
En los últimos 16 años se han registrado 230 invasiones en Palavecino, es decir, es un tema de larga data en el municipio. Tan sólo existen 16 medidas de ocupación temporal de terrenos en donde la GMVV ha estudiado la factibilidad de construir.
