El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se reunió hoy con el exmandatario uruguayo Pepe Mujica, quien lidera una misión de observación electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para los comicios generales que tendrán lugar este domingo en Ecuador.
EFE
El encuentro, al que solo tuvieron acceso fotoperiodistas, se desarrolló de manera reservada en la sede del Gobierno zonal de la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste).
Correa y Mujica tuvieron una cercana relación durante el mandato del expresidente uruguayo (2010-2015) y, además de compartir una estrecha amistad, a ambos les vincula un pensamiento de izquierdas.
La misión electoral de Unasur en Ecuador está presidida por Mujica, como “representante especial”, y por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Alexander Vega, como “coordinador general”.
La delegación electoral de la Unión está integrada además por representantes de los doce países que forman el grupo y que mañana, durante las votaciones, se trasladarán a varias regiones del país para efectuar un acompañamiento al proceso de votación.
El próximo lunes la misión de Unasur tiene previsto presentar un Informe Preliminar del proceso de observación, que será entregado al Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, con ciertas recomendaciones.
Las elecciones en Ecuador, además, serán observadas por misiones organizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
La Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Más de doce millones de ecuatorianos están facultados para acudir este domingo a las urnas y elegir al nuevo presidente del país, así como a 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y a cinco parlamentarios andinos.
Los ecuatorianos también se pronunciarán en una consulta popular sobre una iniciativa del Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.