Odebrecht SA quiere negociar multas por sobornos con varios países de América Latina antes de junio, lo que ayudaría al conglomerado brasileño a evitar que las elecciones que se realizarán en la región en los próximos meses retrasen las ventas de activos que quiere hacer, dijeron dos fuentes con conocimiento del tema, reseña Reuters.
Según las fuentes, Odebrecht podría vender 6.500 millones de reales (2.100 millones de dólares) en participaciones de proyectos y en licencias de operaciones en la región y en Angola para fines de año. Hasta ahora, el grupo ha vendido 5.000 millones de reales de una meta de 12.000 millones de reales.
El destino de las ventas depende cada vez más de lo rápido que los gobiernos decidan sus penas contra Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos para ganar proyectos durante los últimos años. La semana pasada, fiscales de 10 países de América Latina formaron una fuerza conjunta para compartir evidencia en la investigación.
Varias desinversiones previstas, como el proyecto minero Catoca en Angola y una participación de 28 por ciento en la represa Santo Antônio en Brasil podrían cerrarse a fines de año, dijeron las fuentes. Salir de Gasoducto Sur Peruano SA podría tardar más, dijeron las fuentes, luego de la decisión de Perú de cancelar el proyecto y licitarlo de nuevo.
Otros activos y proyectos que Odebrecht tiene en venta incluyen la represa Chaglla en Perú, el proyecto de la carretera Ruta del Sol en Colombia, varias licencias para trenes subterráneos y peajes, además de una participación en el aeropuerto internacional Galeão en Río de Janeiro.
De los 10 países en los cuales se investiga a Odebrecht, ocho tendrán al menos una elección parlamentaria, regional o presidencial en los 18 meses hasta diciembre de 2018.
El escándalo por los sobornos del grupo brasileño ha provocado una enorme molestia en países como Perú, donde las autoridades buscan arrestar a un ex presidente, o en Colombia, donde se acusa a la empresa de financiar la campaña del presidente Juan Manuel Santos.
El esquema de pagos de Odebrecht también es investigado en Argentina, Chile, Ecuador, México, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Portugal. La empresa admitió además haber sobornado a funcionarios en 12 países, principalmente en la región, para asegurarse lucrativos contratos.
En Brasil se le acusa de coludirse para hacer cobros excesivos a varias estatales y desviar esos fondos y de sobornos hacia el Partido de los Trabajadores y otros aliados dentro y fuera del país.