En Venezuela el acceso a la información luce la misma cara triste del poder adquisitivo, el abastecimiento alimenticio y la seguridad en las calles; esto seguro origina en el ciudadano la necesidad permanente de que entes públicos se aboquen a dar información verídica sobre la gestión (o no) de los funcionarios que llevan las riendas del país, reseña Correo del Caroní.
Estas carencias llevaron a siete ONG a emprender una nueva campaña, dura, y llena de obstáculos, para generar en el ciudadano las ganas de denunciar y entender el contexto país que lo afecta.
Transparencia Venezuela, junto a otras seis organizaciones, compiló en un libro gratuito un historial de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, como denuncian, entorpecen ciertos derechos humanos vinculados al acceso a la información y a la calidad de vida.
Ataques a medios de comunicación como CNN en Español, cuya trasmisión fue cancelada en Venezuela; Correo del Caroní, señalado de difamador; y también el bloqueo perenne del suministro de papel periódico a diarios como El Carabobeño, solo entorpecen más la búsqueda del venezolano de conocer el porqué de sus penurias. Como los explicaron representantes de estas organizaciones, este martes en el Hotel Mara Inn en Puerto Ordaz.
El documento, titulado Memorial de Agravios 2016, puesto a la luz gracias a periodistas, abogados e incluso doctores, también es evidencia firme de la vulneración de la libertad de expresión, expuesta en 100 sentencias que incluso ponen en tela de juicio el puesto de funcionarios públicos, como de ciertos magistrados que no cumplen con los requisitos para ejercer sus funciones.
Solo hace falta leer el nombre del segundo de los 12 capítulos que tiene, para revelar el tono de la investigación que abre paso a los señalamientos de negligencia expuestos en el resto del documento de 155 páginas: Los 7 pecados capitales del Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencias y censura
No solo es el papel periódico limitado lo que repercute en el acceso a la información de miles de venezolanos. Son el dato, la información, el periodista, el medio, pero sobre todo, la gente. Muchos castigados por la mano de un gobierno temeroso a la verdad.
Fueron publicadas 100 sentencias de diferente índole en el documento, entre las que entra en parte el tema de la libertad de expresión y los desafíos de la información que los medios venezolanos sufren.
Espacio Público fue el organismo encargado de esta parte, en la que se mencionó una serie de decisiones judiciales que atentaron contra la libertad de expresión en medios particulares.
Destacan: en el 2011 el diario El Venezolano, con una prohibición de publicar información sobre temas relacionados a Francisco Rangel Escobar, hijo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, vinculadas a la presunto tráfico de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor).
Otro protagonista de esta violación es Correo del Caroní, después de que en el 2013 el ciudadano Yamal Mustafá demandara por difamación agravada al director del medio, David Natera Febres, por los trabajos que lo vinculan a hechos de corrupción en Ferrominera Orinoco.
Se suma un episodio del año pasado donde la Sala Constitucional prohibió videos de linchamientos; también cuando en el 2015, el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó por difamación a la directiva de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por reproducir trabajos del diario ABC España que lo vinculan al narcotráfico.
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