Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, rechazó que el Contralor General de la República, Manuel Galindo, se sume al “esquema autoritario” implementado por el Tribunal Supremo de Justicia, para “amenazar con el uso de fuerza pública, invadir los espacios de la Asamblea Nacional”.
Explicó que esta situación se corresponde con la instauración de un brazo político que tiene por objeto ejecutar todas las decisiones del Presidente de la República. “Hoy se repite la historia que nos coloca en los tiempos de Fujimori en Perú o en la Venezuela de 1999 y 2000, cuando los parlamentarios nos encontramos con la Guardia Nacional armada hasta los dientes para impedir nuestra entrada al Parlamento”.
Calificó como un “grave error” que el gobierno nacional se empeñe en dejar de lado el contrapeso necesario en cualquier administración de Estado, al utilizar el máximo tribunal de la República para anular el Parlamento venezolano, “de hecho y de derecho” a fin de mantenerse en el poder, mientras, “un pueblo está en la calle hambriento, con desesperanza y sin encontrar medicinas ni salud”.
“Nuevamente la Asamblea Nacional sufre un atentado, esta vez por parte del Contralor General de la República, Manuel Galindo quien al parecer ha sido designado para convertirse en un segundo Fujimori en Venezuela para cerrar la Asamblea Nacional”, subrayó.
Por otra parte, deploró que a pesar de que 6 de diciembre de 2015, la población eligió que la Asamblea Nacional asumiera un control legislativo hacia el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido, “mutilando los espacios de un foro político que tiene legitimidad de origen a través del voto directo y secreto, al actuar como un bufete del partido de gobierno”.
Hizo un llamado de reflexión y alerta a los diversos entes del Estado así como a la Fuerza Armada Nacional a recapacitar por el bien del país. “¿Hasta dónde piensan llevar a la población? ¿Es que quieren acabar con la Asamblea Nacional? Decídanse, métanle los tanques y digan que no existe la democracia porque son un sistema totalitario”.
Ética y conducta profanadas
Rafael Narváez aseguró que la reciente designación de Maikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia es una, “profanación a la ética y la conducta” ya que en su opinión, “no todo el mundo puede ser magistrado y dirigir el TSJ”.
“Es inaceptable que un individuo politizado sea quien conduzca el máximo tribunal de la República, actuando como un simple operador para cambiar piezas políticas por complacencia, justo en un momento de tanta oscuridad y tinieblas en Venezuela”, concluyó.
Nota de prensa