La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, y organizaciones de empleados administrativos y obreros entregaron sus propuestas al Ministerio de Educación Universitaria, para la III Convención Colectiva del sector que debía comenzar a discutirse a principios de 2017. Así lo reseña el-nacional.com
El 27 de enero el titular de ese despacho, Hugbel Roa, publicó en Twitter que se encontraba en la presentación del proyecto de contrato y adjuntó la foto de un documento que solo incluía los planteamientos de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores Universitarios de Venezuela, organización abiertamente simpatizante del gobierno.
Ayer se instaló formalmente la mesa de discusión de la Convención Colectiva, y Keta Stephany, secretaria de Actas y Memorias de la Fapuv, confirmó que han sido excluidos del proceso por lo que las organizaciones que no fueron tomadas en cuenta anunciarán líneas de acción conjuntas esta semana.
Stephany aseguró que la FTUV es una organización minoritaria que no llega a 5% de los trabajadores afiliados del sector, que fue ilegalmente constituida y que trabaja de la mano con el gobierno. Además indicó que solo afilia a profesores de colegios e institutos, pero no a docentes de los universitarios.
Derechos: William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, afirmó que impedir que la Fapuv participe en la discusión del contrato representa una violación a los derechos humanos y laborales, e incurre en una discriminación inaceptable.
Especificó que la exclusión de esta organización de la mesa de negociación cercenaría “la libertad de asociación de representación que, según la Organización Internacional del Trabajo, está vinculada a la libertad de expresión”.
Propuestas: El proyecto de la Fapuv refiere que una vez que se concrete la convención se les debe pagar retroactivo a contar desde el 1º de enero y que, debido a los altos índices de inflación en el país, es necesario sentarse a revisar las tablas en octubre.
En el pliego entregado al ministerio destacan la necesidad de que se garantice la equidad entre el personal en servicio, y el personal jubilado y pensionado, así como los aportes para Institutos de Previsión Social del Profesorado y los sistemas autoadministrados de salud.
Ratifican la necesidad de cumplir con la prima por antigüedad para los profesores universitarios –que ya se le otorga al personal administrativo y obrero– beneficio que fue acordado con el ex ministro Manuel Fernández.
Respecto a la póliza básica de salud, plantean que sea de 5 millones de bolívares para hospitalización y cirugía, y de 2,5 millones de bolívares para la cobertura de maternidad.