A propósito de los 57 años de la reforma agraria en Venezuela que se cumplió el pasado 5 de marzo se debe analizar el rol del campesino en la Venezuela actual. La ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en el 2001, reformada en el 2005 y 2010, fue un instrumento que no contó con el concurso de todos los sectores productivos del país, ni mucho menos se promovió la discusión para que hubiese un consenso nacional, tal como ocurrió con la Ley de Reforma Agraria (1960) que firmaron todos los sectores políticos y sociales de la época.
La evolución del campesino en Venezuela ha estado muy supeditada al acontecer político, partiendo de que históricamente ha sido catalogado como un sector muy vulnerable y “pobre” al que se le deben apoyar de manera especial, o ser objeto de beneficencia por parte del gobierno de turno. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto?, sencillamente por los réditos políticos que obtiene gobernantes populistas que prefieren seguir usando al campesinado para otorgarles créditos, aplicando únicamente políticas de apoyos directos (subsidios), generalmente sin acompañamiento técnico, para hacerlos cada día más dependientes del Estado.
El campesinado está en peligro de extinción, sobre todo en Venezuela con las políticas erradas sistemáticas a lo largo de los últimos 10 años, siendo el conejillo de indias para los tomadores de decisiones, con planes o misiones aisladas, que carecen de fundamento técnico, donde no se promueve el desarrollo rural sostenible. En la actualidad los organismos de cooperación internacional están realizando un esfuerzo junto con los gobiernos para garantizar la preservación, promoción y desarrollo del campesinado. La FAO introdujo el concepto de agricultura familiar, que tiene muchas similitudes con el campesinado y desde el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) se elaboró una Ley Modelo de Agricultura familiar que tiene diversos fines y objetivos, siendo el principal mejorar la calidad de vida y contribuir a que se garantice el derecho a la alimentación que está siendo vulnerado en nuestro país. La agricultura es un NEGOCIO, que debe ser rentable, aunque el gobierno trate de manipular con el discurso que no es un negocio sino un derecho, las leyes económicas existen y son inexorables. La nueva agenda de políticas públicas hacia el campesinado, debe partir de las premisas de promover la SEGURIDAD PERSONAL Y JURÍDICA, sostenibilidad, empoderamiento, rendición de cuenta por parte del gobierno y transparencia, a fin de que se asegure el relevo generacional generado por políticas públicas donde se priorice la investigación e innovación tecnológica, la educación agraria, el empleo rural y emprendimiento, el acompañamiento técnico, la diversificación de ingresos, la equidad de género, los sistemas de información, la agroindustria rural y la gestión ambiental.
El reto es enorme, urge un cambio político en el país para iniciar una transformación social y económica que incida de manera positiva en el campesinado y en todo el sistema agroalimentario venezolano, debemos iniciar promoviendo una legislación agraria ajustada a los paradigmas que permitan homologarnos con los distintos países de la región latinoamericana.
Ing. Agr. Saúl E. López M.
Coordinador Nacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines.