El nuevo decreto del presidente Donald Trump que cierra las fronteras a inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes entra en vigor el jueves, pero antes será puesto a prueba en las primeras audiencias judiciales previstas para el miércoles, reseñó AFP.
El primero de los decretos migratorios, firmado el pasado 27 de enero, resultó bloqueado por la justicia, y la Casa Blanca ensayó con una nueva redacción para evitar correr esa misma suerte, pero la batalla legal de ninguna manera será fácil.
Dos cortes federales, una en Hawái (en el Pacífico) y otra en Maryland (este del país) realizarán audiencias de urgencia sobre esta nueva orden ejecutiva, un día antes de su prevista entrada en vigencia.
El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- cierra las fronteras a los refugiados por 120 días y congela las visas a viajeros de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Irak fue retirado de la primera lista.
Trump ya afirmó que esta nueva versión del decreto anti-inmigrante corrige aspectos poco claros de la primera edición, y por lo tanto confía que será prácticamente imposible que una corte decida la suspensión de sus efectos.
Naturaleza “inconstitucional”
El estado de Washington, junto a los estados de California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York, sometió el caso el lunes ante James Robart, un juez federal de Seattle que había tenido un papel esencial en el bloqueo del primer decreto presidencial.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, señaló en una nota que “el gobierno de Trump pudo haber modificado el texto de su ya desautorizado bloqueo al ingreso de musulmanes, pero no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos”.
Por haber iniciado los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart había sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refirió a él como “dizque juez”.
En Hawái (tierra natal del ex presidente Barack Obama y un bastión del Partido Demócrata), la fiscalía presentó un alegato formal ante un juez federal, quien convocó a una audiencia urgente para el miércoles.
Lo mismo ocurrirá el miércoles en la mañana en Maryland, un estado lindante con el Distrito de Columbia, asiento de la capital federal, Washington.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
Gobierno prepara sus argumentos
En contrapartida, la legión de abogados del Departamento de Justicia está lista para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial de cerrar las fronteras del país a refugiados e inmigrantes de los seis países afectados por el decreto.
A diferencia del primer decreto, que tenía vigencia inmediata y generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país, esta vez el gobierno retrasó en algunos días la entrada en vigor para preparar a su tropa y tenerla lista para las batallas legales que se avecinan.
El Departamento de Justicia envió una carta al juez federal de Hawái que convocó a la audiencia para el miércoles, en la que presentó su defensa y adelantó el argumento central que el gobierno utilizará en los tribunales.
La decisión de restringir el acceso de ciertos tipos de extranjeros, argumentó el Departamento de Justicia en su documento, se apoya en “el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley”.
Cuando se presentó públicamente el nuevo decreto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que se trataba de una medida “vital” para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.
Sin embargo, en todo el país se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, siendo que las leyes prohíben la segregación por cuestiones religiosas.
Desde los atentados en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.