Familiares de presos políticos y víctimas de la represión acudieron a la Defensoría del Pueblo para entregar una carta dirigida a Tarek William Saab, en la cual se le solicita que se manifieste ante las declaraciones emitidas por el presidente Nicolás Maduro el pasado 9 de marzo durante la llamada “Marcha Antiimperialista”, en donde los calificó de apátridas por solicitar la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos. (OEA).
Nota de prensa
“El presidente Nicolás Maduro amenazó con abrir juicios por traición a la patria por atacar la soberanía a los solicitantes. Sin embargo, el artículo 31 de la Constitución expresa textualmente que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”, explicó Gustavo Sánchez, ex preso político.
Por esta razón Sánchez calificó como “muy graves” las amenazas que hizo Maduro contra el grupo de personas que apoyan la aplicación de la Carta Democrática y se preguntó: “¿Acaso es traición a la patria ejercer los derechos constitucionales? ¿Es antivenezolana la Constitución Nacional? ¿El ejercicio de cuales otros derechos constitucionales podría ser considerado traición a la patria?”.
En la carta entregada al Defensor del Pueblo se lee que años atrás lo vieron “defender derechos humanos activamente, hacer apariciones televisivas en nombre de sus ideales ¿aún los mantiene? Pues en nombre de esos ideales, queremos que vuelva a ser el de aquella época, queremos que con la misma vehemencia defienda los derechos humanos y se oponga a semejante desaguisado. La Carta Democrática Interamericana fue debidamente ratificada por el estado venezolano, en este gobierno, por lo que mal podría alegar este mismo gobierno que es traición a la patria utilizar un texto legal vigente”.
A continuación texto completo de la carta:
Ciudadano
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo
Su despacho
Estimado Señor
Nosotros, familiares y amigos de los presos y perseguidos políticos y ex-presos políticos, nos dirigimos a usted, en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios y un pronunciamiento oficial de parte de su despacho, referente a una situación que es, a todas luces, violatoria desde su forma más elemental de los derechos humanos de nuestro pueblo.
Como es público y notorio, recientemente una larga y muy respetable lista de organizaciones sociales que tienen como objeto la protección y la promoción de los Derechos Humanos, solicitaron al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Muchas de estas organizaciones son conocidas por usted por su seriedad y su compromiso en sus objetivos, de la misma forma como usted es conocido desde hace muchos años por su actuación en la defensa de los derechos humanos.
También es público y notorio que un grupo de familiares y amigos de los presos y perseguidos políticos y ex-presos políticos ratificó esta solicitud, ante la representación de la Organización de Estados Americanos en este país, así como ante la directiva de la Asamblea Nacional.
Con posterioridad a esto, hace pocos días, el presidente de la República, Nicolás Maduro amenazó con abrir juicios por traición a la patria por atacar la soberanía a los solicitantes.
No obstante, el artículo 31 de la Constitución Nacional expresa, textualmente: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.”
Es muy claro el texto constitucional y no indica excepciones y como bien sabemos, donde no hace excepciones el legislador, no debe hacerlas el intérprete. ¿Acaso es traición a la patria ejercer los derechos constitucionales? ¿Es antivenezolana la Constitución Nacional? ¿El ejercicio de cuales otros derechos constitucionales podría ser considerado “traición a la patria”?
No debería ser necesario alegar en profundidad sobre la gravedad de esas aseveraciones, menos aún considerando que usted es abogado y defensor de los derechos humanos de larga data ¿puede usted imaginar sus palabras si algún gobernante hubiese proferido semejantes exabruptos, en la época en la que usted participaba activamente con las organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos? Nosotros sí podemos imaginarlas y deseamos oírlas en este momento.
Lo vimos defender derechos humanos activamente, hacer apariciones televisivas en nombre de sus ideales ¿aún los mantiene? Pues en nombre de esos ideales, queremos que vuelva a ser el de aquella época, queremos que con la misma vehemencia defienda los derechos humanos y se oponga a semejante desaguisado.
La Carta Democrática Interamericana fue debidamente ratificada por el estado venezolano, EN ESTE GOBIERNO, por lo que mal podría alegar este mismo gobierno que es traición a la patria utilizar un texto legal vigente.
Tenemos que hacer referencia al artículo 23 de la Carta Magna que establece que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Del texto leído se desprende con claridad que la Carta Democrática Interamericana, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José se encuentra totalmente vigentes en la República y ambos establecen el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones a los órganos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
Por ejemplo, el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.
Por otra parte, el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos”.
Le preguntamos ¿Acaso es la aplicación de la ley traición a la patria?. Si la aplicación de la Carta Democrática Interamericana implicase una invasión militar, algunos podrían decirlo, pero siendo un derecho consagrado en la Constitución Nacional, ni aún así es admisible tal postura.
No obstante, semejante desvarío insensato lo único que muestra es un total desconocimiento en el caso más inocente, si no una absoluta mala fe, ya que los efectos de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, lo que implican, según el último párrafo del artículo 20 es que: “Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
Usted ha sido el único Defensor del Pueblo que ha tenido algún acercamiento con los problemas de los familiares de los presos políticos y de los presos políticos en sí, por lo tanto la pregunta es: ¿podremos contar con una acción de la defensoría, que rechace, con la vehemencia y la decisión necesaria y demostrada por usted en otros casos, la amenaza de juzgar por traición a la patria el ejercicio de los derechos constitucionales?. Eso es lo que habría hecho Tarek William Saab hace muchos años.
Conociendo la profundidad y claridad de su conocimiento sobre todo lo relativo a los Derechos Humanos y su protección y promoción, esperamos una respuesta tajante y contundente en contra de estos exabruptos.