Más de 1.000 venezolanos han solicitado refugio en el estado brasileño de Roraima durante los tres primeros meses de este año, lo que supone casi la mitad del total de pedidos que se formularon durante todo el año 2016, informó este martes la Policía Federal, reseñó EFE.
Las autoridades brasileñas recibieron el año pasado un total 2.230 solicitudes de asilo, una cifra que se superará ampliamente puesto que otros 5.000 venezolanos ya han pedido cita hasta octubre para realizar el mismo trámite, según datos oficiales de la Policía Federal de Roraima.
Según las proyecciones, Brasil podría tener que hacer frente para finales de 2017 a más de 6.000 pedidos de refugio de ciudadanos del vecino país, inmerso en una crisis política, económica y social.
La Policía Federal ha registrado un aumento considerable de casos en los últimos años, pues se ha pasado de las nueve solicitudes realizadas por venezolanos en 2014, a las 230 en 2015, para acabar el año pasado con los 2.230 casos citados.
Ante la avalancha de solicitudes, la Policía Federal de Roraima, estado fronterizo con Venezuela, ha creado a una fuerza especial de agentes dentro del Departamento de Inmigración para atender a tiempo específicamente esos pedidos.
“La fuerza especial fue creada en septiembre e incluye salas que antes no era ocupadas por la Comisaría de Inmigración y efectivos para dar una respuesta a esa gran demanda de venezolanos que nos buscan diariamente”, afirmó el comisario Alan Robson, citado por el portal G1.
Una vez realizada la solicitud, el trámite continúa en el Comité Nacional de Refugiados, que analiza cada caso y emite una respuesta, que, en caso de ser negativa, obliga al extranjero a dejar de inmediato el país.
Pedir el estatus de refugiado es la única salida que les queda a los inmigrantes venezolanos ya que no pueden acogerse en este momento al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, ya que su país “está actualmente suspendido” del bloque regional.
Los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) comunicaron a Venezuela el pasado 2 de diciembre que cesaba de ejercer sus “derechos inherentes” como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.