Las alarmas políticas han vuelto a sonar hoy en Brasil, que podría perder a su segundo presidente en menos de un año por supuesta corrupción en la campaña que llevó al poder a la destituida Dilma Rousseff y al actual mandatario, Michel Temer, a la vicepresidencia.
EFE
Las finanzas de la campaña de la fórmula que encabezó Rousseff en 2014 serán juzgadas a partir de la semana próxima en la justicia electoral y, si se comprobasen irregularidades, el triunfo en las urnas sería anulado y con ello se pondría fin al mandato de Temer.
En el caso de Rousseff, sería casi una “segunda destitución”, pues perdió el cargo por violaciones a las leyes de los presupuestos en un juicio político que concluyó en agosto pasado, tras el cual Temer heredó el poder por su condición de vicepresidente.
La acusación contra la fórmula Rousseff-Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 2015 y trata sobre supuestos hechos de corrupción y abuso económico en la campaña del año anterior.
Uno de los puntos sostiene que la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en 2014 fue financiada en parte con recursos desviados de la vasta red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, lo cual ha sido ratificado en declaraciones que han dado a la justicia exdirectivos del grupo Odebrecht.
Rousseff y Temer, que rompieron todas sus relaciones desde que se inició el proceso que llevó a la destitución de la exmandataria, se defienden por separado en este caso, aunque coinciden en negar las acusaciones.
Los abogados de Temer, además, pidieron que el Tribunal Superior Electoral los juzgue individualmente, pues sostienen que cada uno tuvo sus propios finanzas.
“Debe haber una separación de responsabilidades, porque no hubo ninguna actuación del presidente Temer en hechos de recaudación ilícita de recursos y no podría ser condenado por lo que no hizo”, dijo hoy el abogado del mandatario, Gustavo Guedes.
“Temer abrió su propia cuenta bancaria para la campaña, hizo su propia recaudación y declaró por completo sus propios gastos, con lo cual está plenamente demostrado que no participó en los asuntos que fundamentan la acusación”, apuntó.
Según los valores declarados tras las elecciones de 2014, el comité de campaña de Rousseff gastó para esos comicios un total de 318 millones de reales (hoy unos 102 millones de dólares).
A ese total, Temer dice haber aportado sólo unos 20 millones de reales (6,4 millones de dólares), que recaudó por su cuenta.
Guedes subrayó el “impacto social y económico” que puede generar el juicio, por lo que sostuvo que el proceso debería ser “anulado”, sobre todo porque las propias autoridades electorales ya hace tres años que aprobaron las cuentas de esa campaña.
De ese mismo argumento se vale la defensa de Rousseff, que pide también la anulación del proceso, aunque se niega a que las finanzas de uno y otro sean separadas.
El juicio comenzará el próximo 4 de abril, pero el abogado de Temer consideró que, en las primeras sesiones, alguno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral solicitará prolongar los plazos procesales, para analizar mejor el asunto.
El instructor del caso, Herman Benjamin, debe presentar en las primeras sesiones su informe, que ha sido volcado en un total de 1.032 páginas acompañadas por unos 10.000 documentos que, según Guedes, “ninguno de los jueces podrá examinar de inmediato”.
Según la prensa local, el informe dice haber constatado diversas irregularidades en la recaudación de recursos para la campaña, por lo cual estaría inclinado a recomendar la anulación de la victoria de Rousseff y Temer en 2014.
Temer ya ha admitido tácitamente que eso puede ocurrir, pero ha descartado que una sentencia desfavorable lo obligue a abandonar el poder de inmediato.
“Todo fallo puede ser y será apelado”, con lo que frente a una condena “habría recursos y más recursos”, que llegarían incluso a la Corte Suprema, dijo Temer cuando comenzó el proceso, e insinuó que para una sentencia definitiva pudieran pasar más de dos años.
El mandato de Temer concluye el 1 de enero de 2019, pero en caso de que sea interrumpido por la justicia electoral y el país vuelva a perder su presidente, el Congreso deberá elegir en forma indirecta al responsable de concluir el período.