Venezuela avanza en la senda de los gobiernos autoritarios. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el presidente Nicolás Maduro, tomó las funciones de la Asamblea Nacional en un fallo emitido el miércoles por la noche.
Por Nicholas Casey y Patricia Torres para el New York Times
La decisión disuelve a la Asamblea Nacional elegida en las elecciones de diciembre pasado, que estaba dirigida por los opositores de Maduro, y al parecer permite que el tribunal redacte y promulgue leyes, según los expertos.
Los críticos del gobierno venezolano y diversos líderes regionales han denunciado que la medida acaba con los últimos vestigios de la democracia en ese país, cuyo gobierno ya no solo es considerado un régimen autoritario, sino una dictadura absoluta.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo en un comunicado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Calificó a la medida como un “auto-golpe de Estado”.
En los últimos meses se ha producido una rápida consolidación del poder de Maduro, mientras ha ordenado la detención de decenas de políticos sin ir a juicio, los manifestantes han sido violentamente reprimidos y las elecciones locales para alcaldes y gobernadores se pospusieron indefinidamente.
Al tomar el poder de la Asamblea Nacional, el gobierno eliminó lo que la mayoría de los venezolanos consideraban que era el único contrapeso al creciente poder del presidente del país.
La sentencia del tribunal dice: “Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”.
Los expertos creen que el fallo le permite al tribunal, controlado por magistrados leales a Maduro, promulgar leyes. Los diputados de la Asamblea Nacional denunciaron la decisión como un golpe de Estado.
“Esto es simplemente basura de quienes han secuestrado la constitución y de quienes han secuestrado los derechos y las libertades del pueblo”, dijo el diputado Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional.
Oneida Guaipe, una diputada opositora de la costa central del país, dijo que la asamblea continuará haciendo su trabajo, incluso si sus leyes son pasadas por alto.
“Está demostrando ante el mundo el autoritarismo que existe aquí”, dijo. “La gente nos eligió a través del voto popular”.
La decisión también es vista como un desafío para los países vecinos de Venezuela, que esta semana se reunieron en la sede de la OEA, en Washington, para presionar al gobierno de Maduro con el fin de que celebre elecciones. También discutieron la posible expulsión de Venezuela de ese organismo, basándose en que el país no es gobernado de forma democrática.
La semana pasada, Estados Unidos, Canadá y una docena de países de América Latina pidieron que Maduro reconozca los poderes de la Asamblea Nacional, una rara declaración conjunta que refleja la profunda impaciencia con el gobierno venezolano.
David Smilde, un analista de la Oficina de Washington para Latinoamérica, dijo que los vecinos de Venezuela ahora podrían animarse a exigirle al gobierno que celebre elecciones. “No parece que Maduro tenga la intención de respetar los elementos básicos de la democracia electoral”, dijo.
Las críticas a Venezuela incluyen una larga lista de medidas tomadas por el gobierno. El creciente número de presos políticos se ha convertido en un excelente ejemplo.
En enero, Maduro nombró a Tareck El Aissami como su vicepresidente, poniéndolo a cargo de un nuevo “comando antigolpe” para capturar a los disidentes políticos que son acusados de traición a la patria. El grupo se ha centrado en los miembros de la oposición, ordenando el arresto de muchos.
Maduro también ha criticado a la prensa, lo que ha causado la detención de periodistas locales y ha intimidado a las cadenas internacionales de noticias.
En febrero, después de que CNN en Español, transmitiera una investigación que vinculaba a El Aissami con un esquema de fraude de pasaportes en el Medio Oriente, Maduro ordenó que el canal saliera del aire. El gobierno venezolano también ha bloqueado desde octubre el ingreso del corresponsal de The New York Times al país.
Pero muchos analistas dicen que esta última medida, es el signo más revelador de la erosión democrática de Venezuela.
“Ha sucedido por partes”, dijo Carlos Ayala Corao, un abogado y analista legal venezolano. “La han estado cortando en pedazos”, comentó sobre la reciente decisión del TSJ.
Desde enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido controlada por los políticos opositores que ganaron las elecciones parlamentarias. Luego de los comicios, Maduro dijo que estaba dispuesto a trabajar con el parlamento e incluso compareció ante los diputados para dar su discurso anual de rendición de cuentas.
Sin embargo, muy pronto el gobierno comenzó a utilizar al TSJ para marginar a la asamblea. Durante el 2016, el tribunal invalidó las leyes propuestas al declararlas inconstitucionales. Un fallo despojó al parlamento de funciones básicas como revisar el presupuesto nacional.
El conflicto entre Maduro y sus opositores se ha profundizado debido a la crisis de Venezuela, producida por los bajos precios del petróleo y años de mala administración económica. La situación ha producido la escasez de alimentos básicos, medicinas y la creciente presión internacional para que Maduro celebre elecciones.