Por los lazos históricos y de solidaridad que nos unen, por los miles de venezolanos que han tenido que emprender el camino de la emigración hacia Colombia para huir de la brutal crisis social y económica, nos duele tener que registrar los acontecimientos recientes, que ponen al hermano país en camino de convertirse en una dictadura –si es que ya no lo es–, por culpa de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirarles la inmunidad a los diputados y, más grave aún, usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
El argumento del más alto tribunal de la justicia venezolana, que, contra lo esperado en una democracia, no es un poder autónomo o independiente del Ejecutivo, es que el actual Legislativo, elegido por el voto ciudadano en unas elecciones realizadas en diciembre del 2015 y en las que se impuso ampliamente la oposición, está en desacato.
Desacato porque tres diputados cuya elección fue denunciada por supuesto fraude se juramentaron, argucia que ha servido para anular las decisiones del Legislativo, someterlo al ostracismo y darle superpoderes al presidente Nicolás Maduro. No importa que estos diputados hayan sido desvinculados. Se configura una evidente violación del Estado de derecho y de la separación de poderes, y un claro desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo.
Es tal la gravedad del hecho que un gran número de países en el continente y la Unión Europea han expresado su condena, su rechazo o su preocupación, en todos los tonos y matices posibles, por el peligroso rumbo que ha tomado el régimen de Maduro, al que no le ha bastado con sumir a su pueblo en el hambre y la miseria, sino que además desafía pendencieramente a los países que clamaban, con respeto y sin ánimo injerencista, por la apertura de una vía electoral, por la liberación de los presos políticos y por el respeto a la Asamblea Nacional, instituida por el mismísimo Hugo Chávez.
Y es que no se cumplían ni siquiera 24 horas del debate en la OEA en el que se analizó la crisis cuando el TSJ les propinaba esta bofetada a los Estados que acompañaban el proceso, e incluso a los que estaban empujando por lograr llevar a las partes a un diálogo impulsado por el Vaticano y los tres expresidentes (Zapatero, Torrijos y Fernández).
Con ello se estrechan las ventanas para una salida consensuada, y Caracas se expone al aislamiento internacional. En el ámbito interno, la violencia podría aparecer como el peor de los escenarios.
Por eso, las críticas y los calificativos no parecen exagerados: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó lo que denominó un “autogolpe”; Perú retiró a su embajador en Caracas y denunció lo que llamó un “quebrantamiento del orden democrático”; la oposición calificó lo sucedido como “golpe de Estado”, y Estados Unidos condenó lo que llamó “usurpación del poder”.
Ante este panorama, es imposible adelantarse a lo que pasará en Venezuela, cuyos habitantes podrían estar sentados en un polvorín. Y es difícil saber a qué le apuesta el régimen. ¿Se retirará Caracas de la OEA? ¿Radicalizará la revolución bolivariana? ¿Encarcelará a los diputados opositores por traición a la patria? No es claro. Lo que sí podemos decir con total certeza es que el bravo pueblo no merece esta suerte, tan triste, tan indigna.
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