El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, fijó posición acerca de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, donde anula a la Asamblea Nacional escogida por los venezolanos en diciembre de 2015.
Nota de prensa
“Nos encontramos frente a un país al revés, donde un Poder ilegítimo pretende anular a otro Poder que fue electo por más de 14 millones de venezolanos, es decir, por el 70% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral”. Dijo Ávila.
Agregó que los mismos que dieron un golpe de Estado hace más de dos décadas, hoy pretendan permanecer en el gobierno dando un autogolpe, como han denominado expertos en la materia. “Ya no es simplemente que el Tribunal Supremo de Justicia eche para atrás una decisión de la Asamblea Nacional, que la haya declarado en desacato, sino que decide asumir plenamente las funciones del Poder Legislativo, quedando todo el poder y todos los poderes en manos de un solo hombre”.
A su juicio, una de las principales razones para que el gobierno decida acabar con la AN, es porque necesita un parlamento complaciente que le apruebe su nuevo endeudamiento. “Este gobierno que está asfixiado, que ya nadie le quiere prestar dinero fresco sin la aprobación del Parlamento, como debe ser, y como lo establece la Constitución y las leyes de la República, podrá crear empresas mixtas para tratar de privatizar a PDVSA, tratar de entregar la mitad a los rusos o a los chinos para cambiar por dólares frescos, pero ellos en el fondo saben que esto es ilegal e inconstitucional, por eso le decimos a todos esos prestamistas que todo el dinero que le presten a Venezuela, sin autorización de la AN legítimamente electa por el pueblo, bienvenida sea, pero yo no sé a quién se lo van a cobrar; eso lo podemos catalogar como una donación dijo el también diputado a la AN por la MUD.
El dirigente político añadió que estas sentencias (155 y 156), se basan en hechos falsos. “El TSJ no está para aprobar o desaprobar leyes. Tenemos un Poder Judicial que desconoce a la AN, un parlamento que legítimamente está desconociendo estas aberraciones jurídicas y políticas, pero lo peligroso es lo que hemos venido advirtiendo, es que ambos sectores ignoran a nuestro pueblo, que son quienes sufren con mayor fuerza los embates de la inseguridad, del desabastecimiento de medicinas y alimentos”.
Criticó que algunos factores políticos sigan pensando que la crisis del país es un problema sencillo que se va a resolver solo con elecciones. “Aquí lamentablemente muchos no se han dado cuenta, pero la verdad es que el gobierno no está haciendo nada distinto; desde hace años venimos siendo manipulados con el derecho y algunos en la oposición han coqueteado con este juego. La Constitución el gobierno la ha utilizado a su antojo: cuando le interesó defender un acto inconstitucional, apelaron a lo democrático; cuando le interesó defender una decisión antidemocrática, apelaron a la soberanía popular; ahora que les interesa defender un acto contrario a lo que es la soberanía popular, que nos dio esa mayoría, aparecen con una idea del bien común y la necesidad de homogeneidad”.
Recordó que han venido advirtiendo sobre la presencia de una “dictadura moderna” que se deriva de un régimen totalitario donde no solo los derechos políticos van a ser conculcado, y hay que tener claro que esto no es en contra de los diputados, es contra todos los ciudadanos.
“Este evidente golpe de Estado al Poder Legislativo ocasionado por la Sala Constitucional -incompetente para ello- está violando diez artículos de la Carta Magna; pero en el 339, donde habla del estado de excepción, no procede contra los poderes públicos, amén que la propia Ley Orgánica del TSJ en el artículo 24 numeral 2, no se le da competencia a la Sala Constitucional para conocer enjuiciamiento de un parlamentario, ni para allanar su inmunidad, eso en dado caso es competencia de la sala plena, razón que nos hace justificar ante los poderes públicos constituidos, de no llamar al Estado de Derecho”.
Ante esta ilegalidad, Ávila manifestó que también los ciudadanos están investidos a garantizar el cumplimiento tal como lo establece el artículo 333 de la CRBV. “Esto es no es solamente trabajo de los dirigentes políticos, también es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Una vez que esta Constitución sea vulnerada, en esa eventualidad, todo ciudadano común está investido de autoridad para buscar y trabajar para el restablecimiento de esta Constitución”.
Acotó que el TSJ, a quien debería de acusar de desacato es a los organismos de seguridad del Estado, comenzando, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que no ha obedecido con otorgarle libertad a quienes ya tienen boleta de excarcelación.
Finalmente, sobre la aplicación de la Carta Democrática, agregó que se requiere convocar a una asamblea general con los cancilleres, que es distinto a los embajadores que son quienes conforman en Consejo Permanente y allí se debe aglutinar las dos terceras partes de los 34 países miembros. Actualmente nos faltan 3 ó 4 votos para poder lograr eso.