Públicamente, con cordiales saludos a la concurrencia y cual tirabesitos, en la conferencia de prensa la fiscal lo dijo: “el TSJ violó el orden constitucional”. Y con ello, produjo una grave desestabilización (otra más, dentro de la pesadilla que desgobierna a Venezuela), generando no pocas reacciones dentro y fuera del país. Tanto así, que un Consejo de Defensa de la Nación se reunió “como instancia del Estado para controlar el “impasse” entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia”, para tratar el asunto.
Si la fiscal actuó a conciencia y con plena sinceridad, déjenme creer que sí, y decir al propio tiempo que al momento de pergeñar esta nota, admito que los resultados que están a la vista –nos agraden o no- son eso, las consecuencias de los dichos de la funcionaria, las resultas de unas declaraciones de mucha monta, aunque ello no sea suficiente, se imponga la conveniencia y la necesidad de establecer responsabilidades. De allí que debamos esperar más.
No se trata de una tranca de dominó con ahorcamiento de cochinas, de un abrir y cerrar de ojos ni de una caída y mesa limpia. Nos referimos a la gravísima crisis que vivimos, a la recurrente violación de los DD. HH, a las patadas, picos y botellas lanzados a lo que queda de país, como si fuera la hacienda de unos pocos empoderados, con la terrible y evidente impunidad.
Ante nuestra mirada y conocimiento está la quiebra del sistema democrático, así queda expresado –aún más- en la voz de la funcionaria, quien representa la máxima autoridad del Ministerio Público, importante vínculo entre el Estado y los ciudadanos, administrados o justiciables.
Lo que constituye violación al orden constitucional, una suerte (muy mala) de golpe de estado judicial, viene dado por lo que establecía el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que limitaba la inmunidad parlamentaria y otorgaba poderes extraordinarios al presidente de origen ignoto.
Según entiendo de los extractos de las sentencias de esta madrugada de sábado primero de abril, signadas con los números 157 y 158, hubo recule o retroceso en tales despropósitos, y aquellas decisiones fueron suprimidas o eliminadas en una curiosa revisión que de sus propias sentencias ha realizado la fallida sala.
Decía entonces si la actuación fiscal podía ser otra patraña, jugarreta, estratagema o ardid de la peste perversa, o todo lo contrario. Pues bien, tenemos que la curiosa súper sala echa para atrás sus decisiones a pedido del Poder Ejecutivo o del llamado Consejo de Defensa de la Nación, que es lo mismo.
Insisto: no están preparados para ser jueces en ninguna instancia, competencia ni jurisdicción. Son detestables gandules. En esa sala opera una juez cuyo único mérito -al parecer- es ser hermana de aquel fiscal asesinado en extrañas circunstancias.
Son jueces designados en conjunto, con desapego de las normas; que en conjunto ponen sus fallidos fallos, y en conjunto –eso creo- deber ser removidos.
Aun revirtiendo las sentencias 155 y 156 (recordemos que son más de 50 sentencias que obran en contra de la AN) eso no cambia la conformación de esa sala de citas. La amenaza continúa. Así como la actuación fiscal no borra su cuestionado desempeño, ni la hace santa de mi devoción.
Hay que esperar las consecuencias de sus dichos, porque en las sentencias –por más que las revoquen, supriman o modifiquen- son violatorias del orden constitucional, del estado de derecho y de la democracia misma.
Ante el hilo roto, hay que coser, mientras se cosen y se cuecen otras cosas. Nulidad de la chapuza-sentencia, destitución y relevo de magistrados y pasados a juicio. Además, restitución plena del Estado de Derecho.
La Asamblea Nacional, que no está en desacato, sino en pleno ejercicio de sus funciones, junto con el Poder Moral debe actuar en contra del bodrio-sentencia del TSJ.
La actuación fiscal no debe quedarse allí, reitero. Corresponde al Poder Moral o Ciudadano ejercer las acciones que permitan restituir la situación jurídica infringida. Porque la verdad sea dicha, no creo que veamos renuncia voluntaria de esos “magistrados” que tanto daño han causado a la República.