Incluso antes de que el Tribunal Supremo de Venezuela tomara los poderes de la legislatura, la última rama del gobierno que es independiente del régimen “bolivariano”, el país estaba en camino hacia la dictadura.
Por The Economist | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La judicatura, que sigue las indicaciones del gobierno, ya había invalidado o ignorado todas las leyes aprobadas por la legislatura desde que la oposición obtuvo el control en una elección en diciembre de 2015. Nicolás Maduro, el muy impopular presidente de Venezuela, puede presentar el presupuesto nacional al TSJ para su aprobación en vez de someterlo a la asamblea nacional, en violación de la constitución. El tribunal despojó a la legislatura de su poder para nombrar a los miembros del consejo electoral.
Ahora ha ido más allá. El 29 de marzo, la sala constitucional de la Corte Suprema dijo que “aseguraría que los poderes parlamentarios sean ejercidos directamente por esta Sala o por el órgano que designe”. Su excusa es que la legislatura está en desacato al tribunal; había jurado a tres diputados de la oposición suspendidos por el tribunal por supuesto fraude electoral. Pero pocas personas ahora son engañadas. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el despojo de las atribuciones de la Asamblea Nacional de un “golpe de Estado auto-infligido”. Julio Borges, presidente de la asamblea, lo denunció como una “basura” que proviene de “los que ya han secuestrado la libertad de Venezuela”.
El régimen puede estar preocupándose más por el dinero que por cualquier desafío concertado a su poder. Aunque estaba marginada, la legislatura había asustado a los inversionistas extranjeros alertándolos de la necesidad de la aprobación por la Asamblea para negocios conjuntos y otros acuerdos. La orden de la corte vino como parte de una decisión de negar a la Asamblea su poder de bloquear las empresas conjuntas.
El régimen está en la necesidad desesperada del dinero que tales acuerdos traen. Aunque Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, los socialistas han manejado tan mal la economía que la gente lucha por comprar alimentos y los hospitales están desprovistos de medicamentos. Casi tres cuartas partes de los venezolanos perdieron un promedio de 8.7kg (19 libras) en la “dieta Maduro” durante el año pasado; En 2016 más de la mitad de los niños controlados entre octubre y diciembre en cuatro regiones, incluida la capital, sufrieron de malnutrición o estaban en riesgo de padecerla.
Las importaciones han caído un 65% en los últimos tres años a medida que los precios del petróleo han caído. El gobierno no se atreve a incumplir la deuda del país de 110.000 millones de dólares, para que los acreedores no se apropien de los envíos de petróleo, prácticamente su única fuente de divisas. Sus reservas internacionales están disminuyendo. Para continuar pagando sus deudas y evitar que las privaciones se conviertan en hambre masiva, el gobierno ha tenido que recaudar dinero mediante transacciones creativas. En marzo, Reuters informó que PDVSA, la petrolera estatal, ofreció a Rosneft, un productor de petróleo ruso, una participación de 10% en Petropiar, una empresa conjunta con Chevron en el cinturón petrolero Orinoco. En 2016 Rosneft pagó $ 500 millones para aumentar su participación en Petromonagas, otra empresa conjunta.
Estos son el tipo de acuerdos que la legislatura venezolana ha amenazado con bloquear. El jefe de la comisión de finanzas de la Asamblea respondió a los informes del acuerdo de Petropiar al twittear que éste “nulo y sin efecto”. Ahora que el TSJ ha usurpado los poderes de la legislatura, el régimen podría pensar que la amenaza ya no cuenta. Rosneft, una compañía que en última instancia responde a Vladimir Putin, puede ser tranquilizada. El caso otros inversores potenciales, incluidas las empresas chinas, eso está menos claro.
El asalto a la Asamblea ha enfurecido a la oposición y aumentado la aprensión entre los vecinos de Venezuela. La oposición realizó manifestaciones en Caracas el 1 de abril. La OEA debatió la subversión de la democracia venezolana pocos días antes del fallo de la Corte Suprema. La reunión se quedó corta pidiendo que Venezuela fuera suspendida del grupo bajo los términos de la Carta Democrática Interamericana, un paso que el señor Almagro ha instado. Pero el hecho de que el debate haya tenido lugar demuestra que la opinión regional sobre el régimen dictatorial de Maduro se endurece; 20 de los 35 miembros de la OEA votaron para mantener la discusión sobre las objeciones de Venezuela y sus aliados. Después de la acción de la Corte Suprema, Mercosur, organismo regional de comercio, dijo que celebraría una reunión de emergencia sobre Venezuela.
Ni la indignación en el extranjero ni el descontento en el país es probable que influya sobre el gobierno. A pesar de su penuria, el régimen aún no se ha quedado sin recursos. Los precios más altos del petróleo le ayudarán a sobrevivir. Es más probable que el régimen se debilite de adentro hacia afuera. La oposición ha pedido a las Fuerzas Armadas que se pronuncien sobre el zarpazo de señor Maduro. Todavía no hay indicios de que los soldados intervengan en nombre de la democracia. Pero, en un posible signo de fisuras dentro del gobierno, la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, declaró que las decisiones de la Corte Suprema “constituyen una ruptura del orden constitucional”. Tal expresión de disenso por parte de un miembro de alto rango del régimen es muy inusual. Los demócratas sólo pueden esperar que otros jefazos bolivarianos compartan sus dudas.