Pudiéramos aceptar como amplia la exposición de motivos realizada en conjunto por los representantes de los países que, en el seno de la OEA, han enjuiciado al gobierno venezolano; sin embargo, consideramos que se quedaron considerablemente cortos al no entrar en detalles en relación con un aspecto tan importante como el del abuso de poder al cual somete a la población venezolana el régimen chavomadurista.
Si tomáramos como muestra tan solo lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses, encontraríamos además de la payasada dictatorial urdida por el gobierno y sus poderes judicial y militar, con la inhabilitación de la Asamblea Nacional, encontraríamos sin mucho esfuerzo razones no solo para aplicarle la Carta Democrática Interamericana, sino para seguirle un juicio ante los más altos tribunales de justicia internacional a los autores de los atropellos contra una población a la que se le han cerrado las posibilidades de vivir en un país democrático y con respeto de sus derechos humanos y ciudadanos.
Al agravamiento de la inflación, escasez de alimentos y violación de derechos tan fundamentales como, entre otros, el de elegir y/o destituir a sus gobernantes y la disidencia política, mencionados en las sesiones extraordinarias de la OEA, podría haberse insistido en la creciente inseguridad pública y la frecuentemente complicidad y participación directa de altos funcionarios del gobierno en actos delictivos; en el saqueo al país de los recursos financieros de la nación, ampliamente expuesto en el marco de la Asamblea Nacional por parlamentarios como José Guerra, Willian Dávila y Alfonzo Marquina; la ilegal y arbitraria persecución contra dirigentes políticos y, de manera especial contra diputados a quienes se les trata de impedir el cumplimiento de sus funciones legislativas y contraloras de la gestión gubernamental, así como de las tareas que les corresponden en el ámbito internacional al anulárseles sus pasaportes y, sumado a ello, privárseles de las remuneraciones que les corresponden como representantes elegidos directamente por el pueblo, en este caso por cerca de 14 millones de venezolanos. Pero, como si todo esto y mucho más que tienen que ver con el acelerado y creciente deterioro de la calidad de vida de las personas, el abuso de poder por parte de las autoridades se acrecienta en sus más variadas formas.
Distinguimos entre las arbitrariedades que se imponen por parte de los personeros del régimen en sus distintos niveles, la habilitación de tribunales no competentes por parte de gobernadores de estados, para anular un proceso de referéndum revocatorio, ya de hecho entorpecido por la autoridad electoral a la que debería corresponder la obligación constitucional de facilitarla; la prohibición a los grupos mayoritarios de la población venezolana a transitar en actividades de protesta por espacios que reservan solo a grupos minoritarios y violentos que llegan a entorpecer incluso la actividad parlamentaria y agredir a los representantes elegidos por el pueblo; la libre actuación de los llamados “colectivos” y brigadas de choque auspiciadas, entre otras, por la Alcaldía de Jorge Rodríguez; la partidización en la entrega de beneficios como las “bolsas de comida” a una población sometida al hambre y la miseria; la también partidización de la fuerza armada nacional, colocada al estricto servicio de un gobierno ya definitivamente identificado como dictatorial; y la actuación de un presunto “Defensor del Pueblo” que desatiende las exigencias de una población cada vez más desamparada, debido a su estricto apego a las instrucciones y decisiones de un poder abiertamente reconocido como violador de los derechos humanos.
Tan grave como lo anterior, resulta el bochorno presidencial de apoderarse del espectro radiofónico y televisivo del país, para obligar a la población a someterse a la escucha de una propaganda a través de la cual se le trata de convencer de que está viviendo en un “país potencia” mientras sus habitantes sufren de la peor escasez y carestía de bienes y servicios de consumo masivo. Y no conforme con esto, el Presidente y dirigentes de su partido, abusan de su poder para ofender y denigrar de sus adversarios políticos con soeces expresiones, irrespetando incluso los horarios en los que, de acuerdo con las leyes, se prohíbe la utilización de inapropiados vocabularios.
Son, como indicamos “sutilezas” en las que los bien intencionados representantes de países amigos no profundizaron en las sesiones de la OEA, aunque no dudamos que sean de su conocimiento, pero que de alguna manera consideramos sea preciso hacérselos conocer, porque razones sobran para presionar aun más al gobierno de Venezuela sobre la necesidad de devolver a la nación el pleno ejercicio de su institucionalidad y democracia, lo cual comienza por la aspirada materialización de convocatoria a elecciones generales.
@JJMorenoA