Los familiares los presos y perseguidos políticos, familiares de inocentes caídos en protestas pacíficas, ex presos políticos y perseguidos políticos por la dictadura emitieron un comunicado para rechazar la actuación excesiva de los organismos de seguridad del Estado en respuesta a las manifestaciones pacíficas que se realizan para exigir la destitución de los magistrados del TSJ que disolvieron la Asamblea Nacional a través de las sentencias 155 y 156.
“El pueblo venezolano ha cumplido su deber expresado en el artículo 333 de la Constitución Nacional, al exigir, apoyado por las declaraciones de la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la sanción a los responsables del golpe de estado ejecutado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, la respuesta del poder ejecutivo nacional, en lugar de respetar el derecho de un pueblo a expresarse y la voluntad de ese mismo pueblo a rechazar un golpe de estado, ha sido la represión que ha ocasionado en siete días más de 350 nuevos detenidos, esto sin contar los heridos, muertos y otras violaciones a los derechos esenciales de los ciudadanos”, se lee en el comunicado.
Por otro lado, se establece que “rechazamos los continuos ataques ejecutados por las fuerzas represivas del Estado en contra de los representantes de los medios de comunicación social, tratando de impedir que las violaciones a los derechos humanos sean registradas, creyendo poder eludir la jurisdicción nacional e internacional ante la que deberán responder por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Y finalmente manifiestan su rechazo a “la violación del derecho a la vida y a la integridad física de los venezolanos. La muerte de los estudiantes Jairo Ortiz y Daniel Queliz (ambos con 19 años de edad) la señora Ricarda González (87 años de edad) Miguel Ángel Colmenares ( 32 años de edad ) el menor de edad Brayan Principal ( 14 años de edad ) el funcionario de Polilara Yei Amaro ( 28 años de edad) y Gruseny Antonio Calderón ( 32 años de edad ), como consecuencia de la represión oficial es absolutamente inaceptable”.
A continuación el texto completo del comunicado
Venezuela, 13/04/2017
Nosotros, familiares de los presos y perseguidos políticos, familiares de inocentes caídos en protestas pacíficas, ex presos políticos y perseguidos políticos, queremos dirigirnos a nuestra patria grande y bondadosa Venezuela y a la comunidad internacional que hoy sigue y observa la grave situación de represión que vive nuestro país, para repudiar la actuación de las fuerzas represivas del estado venezolano durante estos últimos días.
El pueblo venezolano ha ejercido su derecho constitucional a la legítima protesta en contra de actuaciones de entes del poder público nacional que se encuentran al margen de las leyes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por la República. Esto es algo que simplemente es su derecho político a manifestar, unido al derecho a la libertad de expresión, al demostrar mediante hechos, sus opiniones.
Más que eso, el pueblo venezolano ha cumplido su deber expresado en el artículo 333 de la Constitución Nacional, al exigir, apoyado por las declaraciones de la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la sanción a los responsables del golpe de estado ejecutado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
No obstante, la respuesta del poder Ejecutivo Nacional, en lugar de respetar el derecho de un pueblo a expresarse y la voluntad de ese mismo pueblo a rechazar un golpe de estado, ha sido la represión que ha ocasionado en siete días más 350 nuevos detenidos, esto sin contar los heridos, muertos y otras violaciones a los derechos esenciales de los ciudadanos.
No es admisible que la respuesta al ejercicio de los derechos constitucionales y a la ejecución de los deberes constitucionales sea la creación de nuevos presos y perseguidos políticos.
Tampoco es admisible que la respuesta del ejecutivo nacional a un pueblo que ejerce su derecho a expresar su disconformidad sea la violación al derecho al libre tránsito, otro derecho esencial garantizado en la Carta Magna, al instalar puestos de control militares y policiales dentro de la ciudad de Caracas y en todas las vías de acceso a la ciudad capital cuyo único objeto es dificultar el libre tránsito, ya que en ningún otro día del año se hace un despliegue similar.
Así como rechazar el que el Estado no garantice el artículo 43 de la Constitución que establece que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.” Al permitir que funcionarios de la PNB arrojaran gases lacrimógenos a un centro asistencial de salud, provocando malestar entre los enfermos recluidos en ese centro de salud y que fuese trasladado un bebé por asfixia.
Esto se complementa con un sabotaje al sistema “Metro de Caracas”, ejecutando el cierre operativo del diez o veinte por ciento de las estaciones, con lo que el sistema pierde su razón de ser, cuando las principales estaciones, las que tienen un mayor tráfico de gente, por ser lo puntos donde se combinan con el transporte superficial o se cruzan las diversas líneas ferroviarias.
Igualmente rechazamos los continuos ataques ejecutados por las fuerzas represivas del Estado en contra de los representantes de los medios de comunicación social, tratando de impedir que las violaciones a los derechos humanos sean registradas, creyendo poder eludir la jurisdicción nacional e internacional ante la que deberán responder por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Por último, pero no menos importante queremos rechazar la violación del derecho a la vida y a la integridad física de los venezolanos. La muerte de los estudiantes Jairo Ortiz y Daniel Queliz (ambos con 19 años de edad) la señora Ricarda González (87 años de edad) Miguel Ángel Colmenares (32 años de edad) el menor de edad Brayan Principal (14 años de edad), el funcionario de Polilara Yei Amaro (28 años de edad), Gruseny Antonio Calderón (32 años de edad), como consecuencia de la represión oficial es absolutamente inaceptable, más aún cuando se supone que es el Estado el llamado a garantizar la vida de los habitantes de este país. Los heridos también son responsabilidad del Estado, bajo la misma premisa del este como garante de la integridad física de sus habitantes. Esta falta a las obligaciones esenciales del Estado se manifiesta tanto en los heridos, como en los fallecidos. Si el Estado es incapaz de garantizar la integridad física de sus habitantes, debilita uno de sus pilares fundamentales para existir y si, como es el caso, es el Estado por medio de sus órganos represivos, el causante de los daños, pierde en gran medida su razón de ser.
Por todo lo anteriormente expuesto, rechazamos la actuación represiva e irresponsable del ejecutivo nacional en contra del pueblo que exige la realización de las elecciones atrasadas y rechaza el golpe de estado.