El abogado penalista y defensor de los Derechos Humanos, Rafael Narvaez, afirmó que la aplicación del “Plan Zamora”, colocó en terapia intensiva a los DDHH en Venezuela.
Por: LaPatilla.com
A su juicio “el Gobierno y las Fanb, no se les ocurre otra idea de garantizar la paz si no todo lo contrario, con la aplicación de este mecanismo represivo sin límites”. Del mismo modo, alegó que hacen uso de dispositivos prohibidos en las manifestaciones pacíficas como el uso armas mortales, lanzamiento de bombas lacrimógenas sin control y el acompañamiento de grupos armados.
“Para militares que nunca han sido despojados de sus armas por cobardía del Ministro de Justicia en la aplicación de la Ley Desarme y el control de armas y municiones que parlamentarios del oficialismo impulsaron y aprobaron en la Asamblea Nacional”.
Narvaez aseguró que el balance del día de ayer, 19 de abril, “es de mucho dolor y frustración de todos los familiares y víctimas del Plan Zamora, ordenado por el presidente. El reporte de nuestros activistas DDHH a nivel nacional es de 500 detenciones sin conocer el sitio donde se encuentran algunos, centenares de heridos por el efecto de las bombas lacrimógrnas, por perdigones y algunos por heridas de balas”.
Asimismo, expresó que “el lamentable fallecimiento de Carlos Moreno, en Caracas, Paola Ramírez, en el estado Táchira y el funcionario de la GNB, en Los Teques, por grupos armados nos lleva a concluir como defensor DDHH que este plan debe cesar en su aplicación, por mutilar todos los derechos civiles y políticos de las personas”.
Recalcó que, en 15 días de manifestaciones en el territorio nacional se han producido 1.000 detenciones, centenas de heridos y ocho muertes. “Esta situación de mucha gravedad me obliga como defensor DDHH, exigir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que inicie una investigación penal contra los responsables materiales de todos los excesos cometidos en contra de los manifestantes; y, en segundo lugar solicitar el cese inmediato de la aplicación del “Plan Zamora” por atentar contra los derechos humanos, garantías constitucionales y pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia DDHH.