Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 25 de abril se aprobó un Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y ausencia de decisión formal respecto de la solicitud de calificación de las faltas graves presuntamente cometidas por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se constituyó una Comisión Especial que estudiará la conducta constitucional del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Nota de Prensa
El diputado Juan Miguel Matheus, quien fue nombrado Presidente de la mencionada Comisión Especial, indicó que “la Asamblea Nacional tiene el deber de analizar a fondo cuál ha sido el comportamiento del Defensor del Pueblo. Tarek William Saab está en el centro del golpe de Estado. Obstruye el proceso de remoción de los Magistrados y encubre a los violadores de los Derechos Humanos y torturadores”.
El diputado Matheus recordó cuál ha sido el itinerario de la Asamblea Nacional para remover a los Magistrados y cómo Tarek William Saab ha obstaculizados los caminos que establece la Constitución. “La Junta Directiva del parlamento venezolano acudió al Consejo Moral Republicano el 31 de marzo de 2017 para solicitar la calificación de falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dieron un golpe de Estado el 27 de marzo de 2017. Estos Magistrados cometieron una falta inexcusable y la Constitución indica que el Consejo Moral Republicano debe calificarla para proceder a su destitución. Ese es el camino que marca nuestra Constitución. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se ha convertido en un obstáculo para la democracia. La solicitud de calificación de falta grave fue considerada improcedente en un oficio plagado de irregularidades. El oficio recibido el 20 de abril es un garabato jurídico que pretende proteger a unos Magistrados que sirven al Dictador y desprecian la Constitución”, indicó.
Matheus, Doctor en Derecho Constitucional, explicó 4 razones por las cuales el oficio que señala improcedente la solicitud de la Asamblea Nacional es un garabato jurídico. “Debemos denunciar cuatro irregularidades presentes en el Oficio. Primero, está viciado de incompetencia porque lo firma la Secretaría Ejecutiva del Consejo Moral Republicano, órgano que no tiene competencia para suscribir las decisiones del Consejo. Segundo, el Consejo no puede guardar silencio frente a un golpe de Estado. Está moral y constitucionalmente obligado a pronunciarse. Tercero, el oficio viola el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. El Consejo está obligado a iniciar el procedimiento de calificación de falta grave. Por último, la responsabilidad de los magistrados no puede excluirse por aclaratorias posteriores. Ninguna falta grave se puede subsanar con una sentencia posterior. Esto es un garabato jurídico”, explicó.
El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia destacó que “el comportamiento y las declaraciones recientes del Defensor del Pueblo revelan que deshonra el cargo que ocupa. No defiende a los venezolanos, defiende al dictador. La Comisión Especial que me corresponde presidir estudiará a fondo las actuaciones de Tarek William Saab y realizará un informe técnico que describirá su gestión. Quien está llamado a defender los derechos de todos los venezolanos se ha erigido como el protector de uno solo: Nicolás Maduro”.