Alfredo Romero, Director Ejecutivo de Foro Penal Venezolano (FPV), alertó sobre el “uso desmedido de bombas lacrimógenas” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para agredir a manifestantes en Venezuela. “Es muy grave lo que está ocurriendo. Hay personas gravemente heridas producto de los impactos directos de bombas lacrimógenas que disparan hacia los manifestantes, incluso, por esta manera de actuar personas han perdido la vida. Exigimos a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitar a los comandantes de las fuerzas de seguridad del Estado cesar las órdenes de represión y los ataques con bombas lacrimógenas. La represión de manifestaciones opositoras es generalizada y sistemática”, señaló.
Nota de prensa
El portavoz de Foro Penal advirtió sobre una serie de irregularidades que se han registrado en 22 días de protestas antigubernamentales en cuanto a detenciones y violaciones a los Derechos Humanos se refiere. “Hasta el día de hoy han ocurrido 1.582 arrestos. De esta cifra, se mantienen 715 personas detenidas, 434 están esperando por fiadores para obtener su libertad, pero están pidiendo hasta de mil unidades tributarias como sueldo para cada fiador, eso es inaceptable e incluso difícil de conseguir para los familiares. Además, 215 personas esperan por audiencia de presentación. Estas cifras varían, pero hacía peor, el incremento de la represión es brutal”, condenó.
Romero precisó además que hay 78 personas formalmente privadas de libertad por tribunales, de los cuales definitivamente 56, hasta el momento, califican como presos políticos, para un total de 173 presos políticos a la fecha. “Son cifras alarmantes, la mayor registrada en este año, pero lo peor de todo es que los procedimientos de detención siguen siendo incorrectos y violatorios al debido proceso. No hay actas policiales que determinen responsabilidad alguna de los manifestantes en ningún hecho violento, sin embargo, estas personas son detenidas e incluso maltratadas física y psicológicamente por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay una ausencia absoluta del Estado de Derecho en Venezuela y nuestro llamado a los jueces y fiscales es a que actúen apegados a la Ley”, pidió.
Tras describir los abusos, atropellos, torturas y tratos crueles e inhumanos a las que han sido sometidas las personas que han resultado aprehendidas, mencionó el caso de un reciente preso político, el profesor de la Universidad de Oriente, Joel Bellorín, quien fue arrestado en la movilización de este 19 de abril en la ciudad de Maturín, estado Monagas. “En su caso se ha registrado que hubo torturas y tratos crueles”.
También hizo referencia a un joven de 15 años de edad, quien en su audiencia de presentación narró que fue golpeado en el estómago con rolazos y le raparon todo su cabello. “Quedó en libertad plena, porque el tribunal determinó que no existían elementos para que este muchacho estuviera detenido. Igualmente está un menor de edad en los Altos Mirandinos, que explicó cómo la Guardia Nacional lo detuvo y lo golpeó brutalmente”, dijo Romero en rueda de prensa de este jueves en compañía de familiares de las víctimas.
Agregó que, entre los casos de agresiones, también está el manifestante Máximo León, que en una concentración en Carabobo de este 26 de abril, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cara. “Las fuerzas de seguridad no solo están utilizando los gases para asfixiar sino para impactar al ciudadano con el disparo”, insistió.
En este sentido, Romero informó que los casos de torturas que han recopilado durante todo este mes de detenciones las denunciarán ante el Ministerio Público y ante organizaciones internacionales como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los testimonios de los familiares que asistieron a la rueda de prensa está el señor Máximo Norbis, esposo de Yoliter Rodríguez de 57 años, quien este 26 de abril fue impactada en la cabeza por una bomba lacrimógena en la autopista Francisco Fajardo y presenta fractura craneal y fractura severa de pómulo. Está recluida en el hospital Domingo Luciani.
“Estamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo. No soy político ni jurista pero estoy afectado por todo esto, ver a mi esposa en esa condición por el simple hecho de salir a manifestar es inconcebible. No es posible que un venezolano agreda a otro de esta manera, sea militar o policía. Vamos hacía un desenlace fatal y debemos evitarlo”, expresó.
Seguidamente, Rafael Morales, a nombre de la familia Pernalete Llovera lamentó el asesinato del joven Juan Pablo Pernalete, de 20 años, quien se encontraba en Altamira junto a su madre y amigos cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. “Juan Pablo era un muchacho destacado en sus estudios y un gran deportista, becado por excelencia. Es inaceptable que haya perdido la vida en una manifestación que fue reprimida por la Guardia Nacional. Perdió una tetilla con el impacto y según testigos que se encontraban con él afirman que fue la Guardia Nacional”, relató.
Por último, agregó que, las manifestaciones pacíficas tienen todo el respaldo del Foro Penal, pero que las acciones violentas las rechazan por completo “vengan del lado del Estado o de los manifestantes”.
El también director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob Santomé, resaltó que existe un “patrón sistemático” en el proceder de los tribunales a nivel nacional, puesto que no solo ignoran las peticiones y pruebas de las defensas en procesos de carácter político, sino que, además ahora lo hacen con las solicitudes de libertad que formula el titular directo de la acción penal, el Ministerio Público (MP).
“El artículo 44 de nuestra Carta Magna y los artículos 9, 229 y 233 del Código Orgánico Procesal Penal, dicen muy claro que cuando una persona está siendo investigada la libertad es regla, no la excepción. Por eso es absolutamente absurdo, y un crimen también, privar sin necesidad e indebidamente de la libertad a las personas solo porque los tribunales están siguiendo una línea política”, especificó.
Reiteró que: “La persona que viola los Derechos Humanos puede ser perseguida tanto aquí en Venezuela como en cualquier otra parte del mundo. El llamado es a los cuerpos de seguridad del Estado, en particular a los funcionarios subalternos que reciben órdenes, es para que dejen de ser esclavos de la represión. Quizá mañana sus superiores los van a olvidar, y a ustedes el pueblo lo va a recordar como violadores de los Derechos Humanos“, sentenció.