La contundente mayoría opositora del Parlamento venezolano dedicó la sesión ordinaria de hoy a denunciar el “golpe de Estado” que según el antichavismo dio el presidente del país, Nicolás Maduro, una queja que también se expresó en muchas calles del país que se cerraron como forma de protesta.
EFE
La Asamblea Nacional debatió y aprobó un acuerdo en rechazo a la convocatoria a que se elija una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ayer Maduro, al considerar que se trata de un llamado “ilegal” a cambiar la Constitución en el que no se consulta la propuesta a través de un referendo y se “usurpa” el poder del pueblo.
“¿Por qué en mayo de 2017 Nicolás Maduro asoma el bodrio, el garabato de una Asamblea Nacional Constituyente?”, preguntó el diputado opositor Juan Miguel Matheus en la sesión y respondió que el presidente “sabe que es débil, que es frágil” y que “a él y al régimen le queda poco tiempo en el ejercicio del poder”.
De ahí, dijo Matheus, que el gobernante intente “crear la arquitectura de su nueva condición de poder” que consiste en “aislarse internacionalmente” y por ello quiere “huir de la Organización de Estados Americanos (OEA)” para evitar el “examen de los derechos fundamentales”.
Este modelo de poder, agregó el diputado, también estaría conformado por “la represión desmedida (…) al nivel de la muerte” mientras se convierte al país en “un pueblo sin Constitución” lo que consolidaría el supuesto golpe de Estado de Maduro.
El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo en su intervención que el jefe de Estado, con esta convocatoria a una Constituyente, “no está planteando consultarle al pueblo” un cambio en la Carta Magna.
“Aquí se está planteando que el PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela) se elija entre ellos mismos para cambiar la Constitución y someternos a todos a una dictadura cubana con una Constitución a su medida”, señaló.
En este sentido Guevara felicitó a los venezolanos que desde hace más de un mes han salido a la calle a protestar en contra del Gobierno, contra el “golpe”; y para exigir elecciones, liberación de políticos presos, respeto al Parlamento y apertura de un canal para que al país lleguen medicinas y alimentos.
“Tenemos 32 días en la calle, en resistencia, luchando en contra de una dictadura, de un golpe de estado y nadie se ha cansado. 32 días de resistencia en los que nos han atacado, nos han reprimido, nos han asesinado venezolanos, nos han encarcelado jóvenes pero la gente sigue en la calle”, dijo.
Guevara se refirió así a los 29 fallecidos, y a los cientos de heridos y detenidos que ha dejado la ola de manifestaciones en todo el país.
Señaló que la convocatoria a la Constituyente es “el último error de Maduro” que llevará al “fin de la dictadura” y por ello pidió seguir la agenda de protestas que en el día de hoy incluyó un “trancazo” de calles y avenidas de todo el país.
La Fiscalía informó que investigarán los hechos de violencia que se presentaron este martes en el este de Caracas, en el que resultaron heridos cinco agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) y un policía del municipio capitalino Sucre.
El Ministerio Público señaló que también resultaron heridos dos civiles, entre ellos un adolescente de 14 años, cuando un grupo de personas se manifestaba en el puente 5 de julio de Petare, la favela más grande de Latinoamérica.
Maduro acusó hoy al jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, del “intento de asesinato” de los miembros de GNB heridos mientras “protegían al pueblo” en esa zona del este de Caracas.
“Tiene que haber justicia frente a llamados a quema, a trancas, donde salen heridos”, dijo.
El Parlamento venezolano también se pronunció hoy sobre la actuación de las autoridades policiales en las protestas y aprobó un acuerdo para pedir a la Fiscalía el informe sobre las investigaciones que ha iniciado por las 29 muertes durante las manifestaciones.
Asimismo, esta jornada la Cámara declaró como “absolutamente inconstitucional y nula” la denuncia de la carta de la OEA que hizo el Gobierno de Maduro el pasado 28 de abril, que aspira estar fuera del mecanismo en 24 meses.
En este proyecto de acuerdo también se aprobó dirigirse al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente del consejo permanente, el boliviano Diego Pary; “y demás jefes permanentes ante dicho Consejo para advertirle sobre la inconstitucionalidad y la nulidad de la pretendida denuncia de la carta”.