La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la aplicación del Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de Tribunales Militares que usurpan la jurisdicción civil, violando los derechos humanos.
Dicho acuerdo contempla que se haga de conocimiento internacional esta nueva violación de derechos humanos y emplazar al Defensor del Pueblo a que actúe en defensa de los ciudadanos civiles que están siendo juzgados en Tribunales Militares.
El diputado Marco Bozo señaló, al inicio del debate, que las manifestaciones pacíficas son perseguidas por organismos de seguridad y denunció la detención, por parte del Sebin, de más de una decena de jóvenes en Valencia por protestar de manera pacífica, incluido un menor de edad.
“En Valencia el vandalismo actuó de manera organizada, claramente un plan orquestado por el Gobierno para implementar un Plan Zamora, que no es más que una dictadura”, declaró.
Bozo indicó que existen unas 780 personas detenidas de manera arbitraria, entre las que sí pudiesen haber saqueadores pero también hay manifestantes pacíficos o personas que simplemente iban de paso.
Asimismo, calificó de “aberración jurídica” la puesta en marcha de Tribunales Militares para juzgar a civiles y rechazó rotundamente la medida por ser una clara violanción de los derechos humanos.
“La justicia militar solo será para militares activos. Es tanta la violación en que incurre el Gobierno, que uno de los delitos como vilipendio a la Guardia Nacional, tiene como castigo la expulsión de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo un civil va a ser expulsado de las Fuerzas Armadas?. Es una aberración jurídica”, dijo.
El parlamentario se dirigió a todos los funcionarios castrenses para recordarles que las violaciones a los derechos fundamentales, acarrean sentencias y todo el peso de la ley. “Ningún funcionario saldrá impune de su responsabilidad por el terror que ejercen sobre el pueblo.
Por su parte, el diputado Idilio Abreu afirmó que para los carabobeños, el Plan Zamora ha significado horror, persecución, heridos y sangre.
“Hay que ponerse en los pantalones de los vecinos cuando la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana disparaba a mansalva gases y perdigones, sin importarles si había niños o ancianos en las urbanizaciones”, señaló.
Además, Abreu advirtió al presidente Nicolás Maduro que su “constituyente chimba” no va a pasar. “Convoca a a todo el pueblo a las urnas, para que juntos te demos una paliza”.
El parlamentario Luis Barragán consideró que es inaceptable la detención de ciudadanos solamente por ejercer su derecho a protestarle a un “régimen hambreador”.
En ese sentido, indicó que la instauración de Tribunales Militares tiene como fin dirimir el debate político, pero aseguró que con esta medida no lograrán amedrentar a la oposición.
Adolfo Superlano, diputado por el estado Barinas, denunció que las torturas ejercidas por el Sebin, contra la dirigencia política opositora, son “cocinadas” por Diosdado Cabello.
Mientras que el parlamentario Luis Stefanelly señaló que en vista de que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reclamó el debido proceso a los detenidos, el Gobierno la desconoce con la implementación de los Tribunales Militares.
“A todos esos fiscales militares que permitan esta aberración jurídica deben saber que serán juzgados por violación de derechos humanos”, dijo.
Daniel Antequera, diputado por el estado Lara, afirmó que el Plan Zamora no es más que un nombre remozado para las OLP, solo que este primero utiliza las fuerzas del Estado para amedrentar.
“Grupos paramilitares, en compañía de la Guardia Nacional Bolivariana, persiguen a los heridos desde el hospital para apresarlos. Ese es el Plan Zamora, perseguir brutalmente a la disidencia, como ahora quieren hacer con el alcalde Alfredo Ramos”, apuntó.
Por último, el diputado Henry Ramos Allup confesó que es angustioso escuchar el relato de los hechos de represión y persecución que se han suscitado en Valencia y Barquisimeto, pero más angustioso aun es que la situación se repita todos los días en todas partes del país.
“Todo porque Maduro pretende administrar un régimen militar militarista, que él no controla y que usurpa todo órgano”, denunció.
Asimismo, Ramos Allup reiteró que en caso de que un civil cometa un crimen militar, debe ser juzgado en tribunales civiles. Advirtió que se debe estar alerta a la actuación de los militares.
“Debemos estar alerta ante peligro de que militares, después de cometer tantos delitos, den un golpe de Estado para salvarse ante la historia”, aseveró.
Además, señaló que el Gobierno también pretende aplicar una Constituyente Militar. “Así como le ponemos cuidado a la prostituyente, hay que ponerle cuidado a la prostituyente militar”.