Los venezolanos en estos dramáticos momentos necesitamos tener metas claras, atractivas y fáciles de entender. Afortunadamente, el 30-3-17 el ejecutivo-judicial con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ puso en evidencia la ruptura del orden constitucional por una dictadura que viola los derechos humanos y la vigente Constitución.
El régimen lleva 18 años empeñado en implantar una realidad socioeconómica de muerte con su dominación dictatorial y búsqueda de la supresión de la iniciativa privada como antesala del paraíso comunista. El Vaticano con la carta del secretario de Estado (1-12-16) y nuestra Conferencia Episcopal (13-1-17) lo denunciaron valiente y contundentemente. La reacción frente a las decisiones dictatoriales 155 y 156 fue nacional e internacionalmente clamorosa y Maduro trató de apagarla con un simulacro de corrección, pero sin reconocer la AN anulada. La gente con una buena conducción política no se desorientó y salió a protestar. Llevamos mes y medio multitudinariamente movilizados para rescatar la democracia plural con economía productiva frente a la dictadura reinante. Así nos lo exigen nuestra conciencia y la Constitución. La meta clara para los demócratas es cambiar este régimen y su modelo dictatorial económico, político y socio-cultural.
El gobierno también trató de parar las protestas con la amenaza de 500.000 milicianos con sus fusiles y 50.000 motorizados desbocados contra las marchas; amenazas infladas que tampoco pararon a los demócratas. Luego Maduro ofreció la zanahoria de las elecciones de gobernadores arbitrariamente anuladas el año pasado y también volvió a sacar el trapo rojo del falso “diálogo” de hace 6 meses que el cardenal Urosa llamó burla y el Papa juego de “tin pin perulero” mientras el país agoniza. El falso diálogo murió y hay que enterrarlo. En algún momento serán necesarias verdaderas negociaciones para la transición y reconstrucción de la democracia con economía y vida, pero con otros facilitadores distintos de los ex presidentes nombrados unilateralmente por el gobierno.
En el último intento de romper el creciente cerco nacional e internacional, el gobierno ha ofrecido una constituyente originaria, pero resulta que el dictador no es el depositario de ese poder, sino el pueblo que fue privado de su referéndum revocatorio. El artículo 347 de la Constitución dice taxativamente que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que este “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. La dictadura lo convoca ahora para dividir y desactivar a los demócratas, imponer la constitución totalitaria cubanoide rechazada en referéndum de 2007, y arrancar de raíz la Asamblea Nacional democrática, eliminando totalmente los procesos democráticos con voto libre, secreto y universal, sustituyéndolos con elecciones fascisto-corporativas con sectores electorales inventados por el gobierno al modo comunista. La oposición tampoco ha caído en esta trampa.
La Presidencia del CEV salió adelante de inmediato (5-5-17) con un documento claro titulado No Reformar la Constitución sino Cumplirla. Por falta de espacio copio solo 5 puntos del mismo:
“3. Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias. Los temas presentados por el presidente de la República para apoyar su propuesta, no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder.
“4. La propuesta presidencial de una asamblea constituyente sectorizada para la reforma de la Constitución es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental de dicha Asamblea es ‘constitucionalizar’ el ‘Estado comunal’. Esto equivale a reeditar la reforma constitucional de 2007, planteada también por el Poder Ejecutivo, que fue rechazada por el pueblo en el referendo consultivo de ese mismo año. En definitiva, esta propuesta es querer imponer el ‘Plan de la Patria’, traducción operativa del ‘socialismo del siglo XXI’, sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece nuestro país.
“5. La convocatoria a una asamblea manejada en sus bases y en la elección de sus miembros por el gobierno, la hace parcial, monocolor y excluyente. Es un nuevo intento en el afán de sustituir a la actual Asamblea Nacional, elegida por una mayoría abrumadora representativa de la soberanía popular. Pero, además, esta iniciativa presidencial es engañosa, al dejar en la penumbra muchos aspectos de su diseño y aplicación, y daría amplio margen a interpretaciones ambiguas de su reglamentación.
“6. No podemos olvidar ni poner de lado la tristeza y el sufrimiento que este régimen está provocando a nuestro pueblo. Además, en el último mes ha hecho alarde de su naturaleza represiva mediante la sofocación de la legítima protesta con excesiva e inhumana violencia, generada por los organismos de seguridad del Estado, particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana, y los grupos armados llamados ‘colectivos’ que actúan bajo la mirada protectora de las autoridades. Se agrava la situación, al actuar no solo en contra de quienes, apoyándose en sus derechos civiles levantan su voz de descontento y reclamo en la calle, sino también en contra de grupos familiares que en sus propias residencias han sido blanco de lo que parece ya violencia institucionalizada. Hacemos nuestro el dolor del pueblo venezolano y decimos: ¡Ya basta de tanta represión!
“7. Ante toda esta lamentable situación, rechazamos la convocatoria a esa asamblea constituyente, y exhortamos a la población en general a no resignarse, a levantar su voz de protesta, pero sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder”.
Nuestra meta clara: frente a la dictadura recobrar la democracia para la esperanza y vida de los venezolanos. Democracia con elecciones, liberación de todos los presos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura a la ayuda humanitaria internacional y entierro de este modelo fracasado que atenta contra la vida de toda la población con economía de miseria y hambre, sin medicinas y sin seguridad ciudadana.