Durante la realización de una asamblea de ciudadanos, en contra de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, impulsada por el Presidente de la República Nicolás Maduro, el dirigente político carabobeño Tunnisky Castillo expuso que dicha iniciativa “atenta contra derechos sociales, civiles y económicos e intentará instaurar la propiedad comunal en Venezuela”.
Nota de Prensa
El evento, realizado este 11 de Mayo, en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, frente a sectores de la sociedad civil, gremios profesionales, comerciales, empresariales y la directiva de la cámara de Comercio, contó con la presencia de representantes de la dirigencia política carabobeña, quienes a través de diversos ponentes, entre quienes también se encontraba el Diputado a la Asamblea Nacional Ylidio Abreu y el abogado Rafael “Pico” Padrón, explicaron la ilegalidad de la convocatoria a una llamada Constituyente Comunal.
Durante su ponencia, Castillo expresó que la realidad económica vivida por Venezuela y el colapso del aparato productivo nacional, se debe a que el gobierno no respeta los derechos económicos, políticos, y sociales consagrados en la constitución de 1999. “Por eso, persigue, hostiga, expropia y cierra empresas y comercios, perdiéndose miles de puestos de empleo y dejando a la intemperie a miles de trabajadores, provocando niveles de contracción económica jamás vistos en nuestra historia republicana, donde los profesionales venezolanos después de pasar años preparándose en una universidad, no encuentran plazas en la cuales aplicar sus conocimientos, obligando a miles de estos a emigrar de su país y provocando que familias enteras queden sin sustento y cada día despierten sin saber si podrán comer o no al menos una de las tres comidas diarias, teniendo que buscar alimentos en la basura”.
Para Tunnisky Castillo, la propiedad privada en Venezuela ha estado en la mira del gobierno desde un inicio; pues, a su juicio, “el gobierno no quiere una economía prospera, sino una economía subordinada a las migajas de un gobierno corrupto que se nutre de la miseria del pueblo, por eso quieren una constituyente comunal, para acabar con los derechos económicos de los venezolanos, para instaurar la propiedad comunal”.
En ese mismo orden de ideas, puntualizó la necesidad de que el sector privado, principal empleador en Venezuela, se plante de una manera firme contra esta iniciativa inconstitucional, para derrotarla junto a los sectores políticos y la sociedad civil venezolana. “La constitución aprobada en 1999, plantea un estado que garantiza la seguridad jurídica y oportunidades de crecimiento sostenido a nivel económico, para el bienestar de nuestros ciudadanos a través de la libre empresa y la iniciativa privada. El proyecto de constituyente comunal busca acabar con este modelo e instaurar una economía de estado comunal, donde impere la voluntad del régimen, en perjuicio del pueblo venezolano”, dijo Castillo.
Finalmente, Castillo reafirmo el mandato contenido en el artículo 5 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e invito a la sociedad a hacer uso de la soberanía que reside en el pueblo y obedecer el mandato constitucional de contribuir en el restablecimiento del orden jurídico infringido hoy en día.
“Por eso, enmarcados dentro de este mandato constitucional, rechazando nuevamente la ruptura del hilo constitucional que tuvo su génesis en las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional del TSJ y continuó con la convocatoria fraudulenta a una constituyente comunal, debemos reafirmar que nuestra Carta Magna no necesita ningún cambio, el único cambio que queremos los venezolanos es un cambio constitucional de gobierno y la convocatoria de unas elecciones generales, donde los venezolanos, haciendo uso del derecho al sufragio tal como está contenido en el artículo 63 de nuestra constitución nacional, podamos escoger un destino prospero, distinto al fracaso que ha representado la llamada Revolución Bolivariana y su Socialismo del Siglo XXI los últimos 18 años”.