La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condena enérgicamente la violenta represión de las manifestaciones por parte del Gobierno venezolano y sus cuerpos de seguridad, así como el juzgamiento de civiles por tribunales militares de ese país.
Entre el 4 de abril y el 16 de mayo de 2017, han fallecido de manera violenta más de 40 personas en el contexto de manifestaciones, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y grupos armados de civiles afectos al Gobierno. Asimismo, centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales han sido trasladadas a prisiones militares, instalaciones de organismos de seguridad o a cárceles de máxima seguridad. Numerosos detenidos han denunciado golpizas, tratos crueles e inhumanos así como actos de tortura.
Igualmente, por lo menos 275 civiles están procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición”. En muchos casos, a los abogados defensores se les limita elacceso a las salas de audiencia, sólo están autorizados a hablar uno pocos minutos antes de las audiencias con sus defendidos y se les restringe el acceso al expediente penal.
La CIJ recuerda que todas estas prácticas vulneran derechos y libertades fundamentales y constituyen una violación flagrante por parte del Estado venezolano de sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar y proteger los derechos humanos.
Desde hace varios años la CIJ ha venido siguiendo la situación en Venezuela y ha podido constatar el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la pérdida de independencia del Poder judicial y, en general, el ocaso del Estado de Derecho. Al respecto ver los informes de la CIJ: Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho, 2015 (Venezuela-OcasoEstadoDerecho-