La sociedad civil organizada de Ciudad Bolívar, gremios y autoridades de la Universidad de Oriente (Udo) solicitaron a la Fiscalía General de la República la designación de un fiscal con competencia nacional en el caso del estudiante Augusto Puga Velásquez, asesinado durante una represión policial.
Nota de prensa
La solicitud fue consignada por ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar, a través de un documento, entregado por Celestino Aponte, Aquiles Salazar, Edgar Sarabia, Bismarck Ortiz, Disnardo Flores y Ricardo Vitanza de la Asociación Civil Unidad y Cambio, acompañados del diputado ante la Asamblea Nacional, Ángel Álvarez, quienes esgrimieron razones para pesar que el gobierno regional pudiera entorpecer las investigaciones, y evitar que los culpables reciban su castigo.
Los habitantes de esta ciudad, y del estado en general, exigen castigo severo para los responsables del asesinato de Puga. Todo el peso de la ley para ellos, sentenció Edgar Sarabia.
Señaló que existe la necesidad que se garantice una investigación imparcial y transparente y, se haga justicia para el joven estudiante, asesinado el pasado miércoles en un ataque perpetrado por la policía del estado Bolívar contra el decanato de la Udo.
“Una bala criminal le arrebató la vida a este joven futuro del país, así como lo han hecho con más de 50 jóvenes, muertos por la represión salvaje de los cuerpos de seguridad del estado, todo por manifestar pacíficamente en la calle y exigir un cambio en Venezuela”.
Augusto Sergio Puga Velásquez, de 22 años, estudiante de enfermería del núcleo de la Udo en Ciudad Bolívar, perdió la vida por un disparo en la cabeza en un asalto practicado por efectivos del orden público, quienes atentando contra la autonomía universitaria, dispararon a mansalva en el decanato de la Udo.
El fiscal superior del estado, Israel Pérez, se comprometió a trasmitir esta solicitud a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, garantizando que este hecho no quede impune y se castiguen a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Puga.
La rectora de la Udo, Milena Bravo, y la decana del núcleo Bolívar, María Coromoto Casado, suscriben la solicitud al Ministerio Público; así como el presidente del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Félix Istúriz, y los directivos de este gremio José Gregorio Meignen y Gustavo Caro.
Hasta ahora, un miliciano y dos policías estadales se encuentran presuntamente involucrados en el asesinato del estudiante, y del ataque armado al decanato de la Udo. El miliciano, ex policía y escolta del comandante de la Policía del estado, está señalado ser el responsable del disparo que le quitó la vida a Augusto Puga.