Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, aseguró que es urgente investigar a la Compañía anónima venezolana de industrias militares, Cavim, ante la presunta fabricación de municiones con incrustaciones de metras o balines con el objetivo de no dejar evidencias del arma que la disparó. “Pedimos que el Ministerio Público solicite una inspección esta empresa para precisar con cuál intención estarían haciendo estos cartuchos”.
Nota de prensa
Señaló que de confirmarse esta situación, se estaría ante un hecho que solo puede ser calificado como “terrorismo de Estado” y recordó que la Ley para el desarme y el control de armas y municiones es clara en este sentido cuando establece en su artículo 119, que quien realice modificación que altere sustancialmente las características originales de una munición, con el fin de hacerla más letal aún, será penado con cárcel de 6 a 8 años.
Deploró la acción de los cuerpos de seguridad de Estado, quienes con, “saña, odio y violencia” han violentado la propiedad privada en diversos puntos del país, tal como ocurrió en las Residencias Paraíso Plaza en El Paraíso. “Es increíble como el Sebin incursionó en este conjunto residencial, lanzando bombas lacrimógenas hacia los apartamentos y provocando incendios de vehículos, acciones que también realizaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Señor general Benavides Torres, se lo he advertido en muchas oportunidades, estos crímenes no prescriben”.
Acompañado por una representación de vecinos de este conjunto residencial, advirtió que está trabajando conjuntamente en el planteamiento de que puedan obtener protección del Plan Zamora como ocurrió en el caso de Residencias Victoria, también en El Paraíso. “Un plan sin miramientos, que no tiene piedad ni límites y con una actuación vergonzosa y a la deriva donde el único responsable es el Estado”.
Para el jurista, el Plan Zamora fase 2, es un “ataque sistemático a los manifestantes como una política de Estado que se convierte en crimen de lesa humanidad, cuando usa dispositivos que contrarían los esquemas internacionales para disuadir manifestaciones públicas, así como también el artículo 68 de la Constitución que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas”.
“Ante la ausencia del Tribunal Supremo de Justicia y de los tribunales ordinarios para pronunciarse en esta materia y de que la investigación penal esté siendo obstaculizada por la justicia militar, puedo asegurar que el gobierno de Maduro derivó en un Estado terrorista y criminal, producto de la violencia aplicada a la población. Es urgente neutralizar el esquema virulento del Plan Zamora fase 2”, finalizó.