La Fiscalía brasileña abrió una investigación para averiguar si los expresidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva recibieron 80 millones de dólares en supuestos sobornos por parte de la multinacional cárnica JBS, según divulgaron hoy medios locales.
EFE
El procedimiento fue instaurado por el fiscal Ivan Marx, de Brasilia, con base en las revelaciones que hicieron varios ejecutivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de colaboración judicial, según publicaron los diarios ‘O Globo’ y ‘O Estado de Sao Paulo’.
Lula y Rousseff, ambos del opositor Partido de los Trabajadores (PT) y que ya responden en tribunales en diversos procesos, fueron acusados por esos directivos de JBS de facilitarle a la empresa el acceso a multimillonarios créditos del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), pagados desde 2005.
En la delación, Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, y el director del grupo Ricardo Saud, sostienen que los sobornos a cambio de esos favores alcanzaron la suma de 80 millones de dólares para los dos exgobernantes y fueron depositados en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.
Según esos relatos, las coimas alcanzaron los 50 millones de dólares en el caso de Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y de 30 millones de dólares para Rousseff, su ahijada política y sucesora en el cargo, pero destituida en agosto del año pasado por el Congreso por supuestas irregularidades fiscales.
El intermediario para negociar los valores era, según esos testimonios, Guido Mantega, quien fue ministro de Hacienda en los Gobiernos de Lula y Rousseff y que también ha sido acusado de ejercer ese mismo papel por el grupo Odebrecht, implicado en la trama corrupta que operó durante años en la estatal Petrobras.
Batista confesó a la Justicia que preguntó varias veces a Mantega si los dos ex jefes de Estado estaban al tanto de todas las negociaciones y que el exministro siempre lo confirmó.
Los abogados de Lula negaron los hechos y aseguraron que su defendido es inocente, mientras que la defensa de Rousseff rechazó la versión “fantasiosa” de Batista.
La nueva investigación complica aún más la delicada situación jurídica de Lula, quien ya responde en cinco juicios abiertos por presunta corrupción, la mayoría de ellos relacionados con los millonarios desvíos destapados en el seno de Petrobras.
Lula, a pesar del escándalo, aparece como el líder más valorado en las encuestas y el mejor posicionado en caso de competir por la Presidencia en 2018, a las que ya ha manifestado su intención de presentarse.
El expresidente podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en las delaciones de 77 exdirectivos de Odebrecht, que también firmaron un acuerdo de colaboración judicial.
Rousseff, por su parte, es objeto de un proceso penal por unos supuestos intentos de obstaculizar la acción de la justicia en casos relacionados con la misma trama corrupta en la petrolera estatal.
También sobre la base de la confesión de los ejecutivos de JBS, la Corte Suprema decidió abrir una investigación contra el presidente Michel Temer, por supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, lo que ha amenazado la continuidad de su Gobierno.