La Alianza por la Libertad de Expresión con motivo de celebrarse el 27 de junio el día del Periodista, emitió un comunicado en el que denuncia los atropellos al periodismo y rechaza la Constituyente de Maduro.
Expresa que son momentos difíciles para el ejercicio del periodismo en nuestro país, porque desde el poder político “se pretende vulnerar nuestra obligación de comunicar y el derecho de todos a estar oportunamente informados”.
“El periodismo venezolano y los medios de comunicación están bajo permanente ataque mediante presiones, detenciones arbitrarias y atropellos, efectuados no solo contra los reporteros, sino contra todos los trabajadores de los medios, que enfrentan agresiones, robo o destrucción de equipos, amedrentamientos y obstrucción a la búsqueda de información”, dice el Comunicado.
Agrega que la política de irrespetar a medios y comunicadores sociales pasa por el secuestro del Premio Nacional de Periodismo, al que el ejecutivo nacional ha convertido en una recompensa a la filiación ideológica y a la propaganda oficialista, hasta ponerlo al margen de la Ley que lo creó.
Comunicado
La Alianza por la Libertad de Expresión, espacio de convergencia y diálogo entre instituciones gremiales, académicas y de la sociedad civil organizada, en ocasión de conmemorarse este 27 de junio de 2017 el Día Nacional del Periodista, saluda a todos los profesionales que, aun poniendo en riesgo su integridad personal, cumplen a diario la misión de mantener informada a la población, venciendo la censura y sin dejarse amedrentar ni caer en la autocensura.
Desde el año 1999, el comportamiento de los gobiernos ha estado signado por el propósito de reducir los medios públicos a canales de difusión de propaganda partidista y de la ideología oficial, y silenciar progresivamente la libre información nacional e internacional. Esto ha producido un panorama de medios alineados a las políticas informativas gubernamentales, la propaganda oficial y el adoctrinamiento, medios absorbidos o clausurados, constantes agresiones y amedrentamiento a informadores, censura e inducción de autocensura, que han minimizado en el país la libertad de expresión, hoy amenazada incluso de desaparición.
Son momentos difíciles para el ejercicio del periodismo en nuestro país, porque desde el poder político se pretende vulnerar nuestra obligación de comunicar y el derecho de todos a estar oportunamente informados. El periodismo venezolano y los medios de comunicación están bajo permanente ataque mediante presiones, detenciones arbitrarias y atropellos, efectuados no solo contra los reporteros, sino contra todos los trabajadores de los medios, que enfrentan agresiones, robo o destrucción de equipos, amedrentamientos y obstrucción a la búsqueda de información.
Desde los medios gubernamentales se mantienen campañas de desprestigio e insultos, así como también de desinformación deliberada para confundir a las audiencias y desacreditar a los periodistas. Igualmente hay obstaculización sistemática del acceso a la información pública y ampliación innecesaria de la calificación de «confidencialidad» de datos que no implican peligro para el Estado.
Persiste la restricción para la adquisición de insumos como papel y equipos, lo que ocasionó el cierre de decenas de medios, en especial de periódicos y emisoras de radio. Hay retraso y opacidad en el régimen de concesiones a los medios radioeléctricos, se ejercen presiones a los medios privados para adherirlos a la pauta informativa del gobierno, se censura directamente determinados temas y existen palabras prohibidas, so pena de castigo.
Por otro lado, la política de irrespetar a medios y comunicadores sociales pasa por el secuestro del Premio Nacional de Periodismo, al que el ejecutivo nacional ha convertido en una recompensa a la filiación ideológica y a la propaganda oficialista, hasta ponerlo al margen de la Ley que lo creó.
Esta suma de agravios, vejaciones y violaciones al ordenamiento jurídico materializan la violencia reiterada del derecho a la libertad de expresión, así como del derecho social a la información, establecidos en el conjunto de garantías republicanas de la Constitución, cuya defensa ha sido convocada por instituciones del Estado y de diversas fuerzas vivas.
La Alianza por la Libertad de Expresión ratifica su defensa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que respeta, garantiza y protege el ejercicio pleno y ético del periodismo como elemento sustantivo de un Estado democrático, garante de los Derechos Humanos.
Rechazamos todo intento de alterar y vulnerar esta carta fundamental con mecanismos que le son ajenos, como el que se pretende hacer con el llamado a una constituyente comunal con delegados escogidos a dedo y sin una consulta amplia y universal al poder originario del pueblo mediante referendo, y cuya consumación, de llegar a producirse, constituirá una transgresión de graves implicaciones para la vida nacional.
La Alianza por la Libertad de Expresión exhorta a todos los entes educativos del país, en especial a los formadores de profesionales en el área de comunicación social, a redoblar esfuerzos en la enseñanza de las prácticas éticas del periodismo, en especial en lo referente a la comprobación de las fuentes, para garantizarles a los venezolanos mayor calidad de información, así como el rechazo a la manipulación, a la circulación de noticias falsas, erróneas o inexactas que buscan confundir la opinión pública nacional.
Que este 27 de junio de 2017 sea un día de reflexión, aliento y solidaridad, así como también una oportunidad de aprendizaje para todos los periodistas venezolanos, servidores del bien común.
Caracas, junio de 2017