REUTERS/Christian Veron
Las fuerzas de seguridad de Venezuela buscaban el miércoles al policía que comandó un ataque a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y de un ministerio desde un helicóptero robado, pero muchos venezolanos miraban con escepticismo la versión oficial, reseña Reuters.
El martes, minutos antes del atardecer, un efectivo de la policía científica (CICPC) hurtó un helicóptero de una base aérea en Caracas y, con una bandera que decía “libertad”, sobrevoló los edificios del poder judicial y del Ministerio del Interior situados en el centro de la capital, a los que disparó y lanzó granadas sin dejar víctimas.
El Gobierno cerró filas en torno al hecho, que calificó como un “ataque terrorista” de un “psicópata asesino”, y dijo que estaba en busca de la aeronave y del piloto, Óscar Pérez, a quien acusó de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por su sigla en inglés).
El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo que los actos de Pérez, conocido también por protagonizar y coproducir una película de acción en Venezuela, “no representan el sentir de este noble cuerpo”, refiriéndose al CICPC.
REUTERS/Christian Veron
Poco antes, el canciller, Samuel Moncada, rechazó los cuestionamientos sobre la versión oficial del ataque.
“Ahora están diciendo que eso lo planeé yo con el presidente (Nicolás) Maduro. Que le indicamos qué tenía que hacer, le dimos unas granadas y que él planeó dónde soltarlas para que no hiriera a nadie”, dijo en conferencia de prensa en la que conminó a los gobiernos extranjeros a condenar el atentado.
“¿Quién puede creer eso? ¿Se dan cuenta cómo doblan la verdad?”, se preguntó Moncada. “¿Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece. No entremos en pánico. No hay una conspiración mayor. El Gobierno está más sólido que nunca”, afirmó.
Controvertidas sentencias
En las calles de Caracas, algunos creen que el Gobierno escenificó el acto para desviar la atención sobre dos sentencias del TSJ que debilitan competencias de la Fiscalía, cuya jefa ha criticado a la administración de Maduro y presentado recursos legales para revertir medidas tomadas que provocaron protestas opositoras.
“Parece una cosa de película”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Julio Borges.
“Hay gente que dice que es un peine (trampa), hay gente que dice que es una cuestión real, hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos”, agregó.
La oposición comenzó una ola de protestas a inicios de abril contra Maduro, a quien acusa de haber llevado a Venezuela a una “dictadura”. El sucesor político del fallecido Hugo Chávez, por su parte, sostiene que las manifestaciones sólo buscan sembrar el caos con la intención de desbancarlo.
La máxima corte del país emitió dos sentencias justo cuando el helicóptero sobrevolaba el centro de Caracas. En ellas, le da facultades exclusivas del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo -un organismo para garantizar el respeto a los derechos humanos-, permitiéndole participar en investigaciones penales.
“Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener ‘versiones alternativas’ a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía”, opinó el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la designación del vicefiscal y dijo que será su Sala Constitucional la que nombrará a uno nuevo. Con ello, dijeron analistas, se estaría allanando el camino para remover a la fiscal general, Luisa Ortega, y reemplazarla por alguien alineado con el Gobierno.
Ortega dijo el miércoles que desconoce las sentencias del TSJ que suponen una “provocación” en su contra. “Hay un proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público”, afirmó.
Algunos creen que el episodio del helicóptero podría llevar al Gobierno a justificar la aplicación de un “estado de excepción” para tratar de acallar las protestas que han dejado al menos 75 fallecidos, algunos de ellos jóvenes manifestantes que han muerto por balas de la fuerza pública.
“No tiene sentido. Esto es un chiste ¿A cuántas personas no han detenido por levantar una bandera? ¿Un tipo que se lleva un helicóptero y no lo matan? Eso suena más a táctica del Gobierno que a alguna otra cosa”, opinó Gary Guillén, un joven que esperaba el autobús en Caracas para ir a trabajar.