El Gobierno mexicano calificó hoy de “absolutamente inaceptables” los ataques al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional de Venezuela, y reiteró su llamado a los actores políticos a hallar “una salida pacífica a la crisis”.
EFE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó en un comunicado “su enérgico rechazo a la violencia”, al aludir a los “graves hechos” que el martes afectaron al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Un agente de la policía científica venezolana hurtó el martes un helicóptero desde el que lanzó granadas contra la sede del Supremo en Caracas, lo que el Gobierno de Nicolás Maduro describió como un acto “terrorista”.
En tanto, opositores venezolanos denunciaron el lanzamiento de cohetes contra la sede la Asamblea Nacional, desconocida por el Gobierno de Maduro, por parte de grupos oficialistas.
“Estos acontecimientos son absolutamente inaceptables, independientemente de su autoría y motivación”, afirmó la cancillería mexicana, tras recordar que desde hace meses ha expresado su grave preocupación por la creciente violencia y el deterioro del orden democrático en ese país.
“México hace un firme llamado al Gobierno y al pueblo hermano de Venezuela a erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política”, señaló.
Además, apuntó, refrenda “su voluntad para contribuir por la vía diplomática y de buena fe a la solución pacífica de la crisis”, con pleno respeto de la soberanía y la Constitución de Venezuela.
Venezuela atraviesa una grave crisis económica, política y social. Desde hace casi tres meses, el país vive manifestaciones opositoras casi diarias para exigir la salida del poder de Maduro, al que los convocantes responsabilizan de la escasez de alimentos y medicamentos y acusan de atropellar el Estado de derecho.
El oficialismo ha reaccionado a estas marchas con concentraciones de demostración de fuerza en Caracas y otras ciudades del país.
Un total de 76 personas, según la Fiscalía, han muerto en el marco de las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.